La dirección que ha tomado el debate sobre seguridad pública y responsabilidad de mando en Carabineros arriesga desdibujar principios democráticos e históricos avances sobre derechos humanos, expone la siguiente columna de opinión para CIPER: «Debemos insistir en un marco de acción que no solo aborde las necesidades de seguridad, sino que también fortalezca los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en todas las instituciones estatales. La historia chilena y referencias internacionales demuestran que un firme compromiso con los derechos humanos es compatible con estrategias efectivas de seguridad. Sin embargo, esto requiere una voluntad política que, hasta ahora, ha sido inexistente.»
La estrategia de oponer seguridad a derechos humanos se ha vuelto una herramienta política recurrente y preocupante. En Chile, esta estrategia se manifiesta con claridad en la relación cada vez más comprometida entre las instituciones estatales y las fuerzas del orden, especialmente en casos recientes que involucran crímenes que se imputan a agentes del orden y seguridad. A través de ejemplos concretos, se observa cómo las estructuras de poder pueden ser manipuladas para proteger intereses particulares en lugar de servir al bien común.
Un caso ilustrativo de lo anterior es el del general director de Carabineros, quien enfrenta imputaciones por parte del Ministerio Público respecto de su intervención en casos de apremios ilegítimos. A pesar de la gravedad de estas acusaciones y su nula colaboración en el proceso penal, ha recibido un apoyo político transversal, principalmente del Ejecutivo. Este respaldo se materializó recientemente, cuando el Presidente de la República definió como «muy inconveniente» la realización de la audiencia de formalización del general Ricardo Yáñez, destacando su postergación prevista para octubre. El mandatario subrayó su apoyo a la permanencia de su general «dadas las circunstancias» actuales, pasando por alto las obligaciones internacionales en materia de plazos razonables y la prohibición de salvaguardas a la impunidad en materias de graves violaciones de los derechos humanos.
Este tipo de respaldo político no solo pone en tela de juicio la independencia y la imparcialidad de las investigaciones judiciales, sino que también revela un patrón más amplio de cooptación estatal por parte de las fuerzas de seguridad. La implicación de altos funcionarios en maniobras para dilatar procesos judiciales y evadir responsabilidades no solo erosiona la confianza pública en las instituciones, sino que también atenta contra la independencia de quienes están a cargo de administrar justicia.
El director de Carabineros, en su intento de defenderse de la persecución penal originada por su omisión, parece apropiarse de la institución que debería servir. Esta apropiación va más allá de su persona: afecta a toda la institución y, por extensión, a todos quienes habitamos Chile. El resultado es un ataque directo a la independencia de diversas instituciones judiciales, salvaguardando su impunidad y la de otros dentro de Carabineros.
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Lo observado en el debate de estos días respecto a reglas de uso de la fuerza, jerarquía en Carabineros y combate a la delincuencia ha puesto de manifiesto problemas estructurales profundos, que no solo comprometen la lucha contra la criminalidad, sino que socava los cimientos mismos de la gobernanza democrática y del Estado de derecho. En la base de este problema está crear una falsa dicotomía entre seguridad y derechos humanos, sugiriendo que uno debe sacrificarse para asegurar el otro. Esta maniobra política, observada tanto en Chile como en el mundo, amenaza con erosionar los estándares de derechos humanos que hemos construido y acordado tras décadas de esfuerzos conjuntos.
A raíz de crímenes recientes y de alta connotación contra fuerzas del orden y civiles, la balanza de la seguridad pública hoy se inclina peligrosamente hacia el populismo, con la aparición de todo tipo de propuestas extremas, tales como el restablecimiento de la pena de muerte y la derogación del delito de tortura, además de llamados a una guerra interna. Estas propuestas no solo son alarmantes, sino que representan un retroceso severo en materia de derechos humanos.
Es imprescindible mirar hacia atrás para entender mejor nuestro presente. La historia de Chile y de otras naciones muestra que cuando los derechos humanos son relegados en nombre de la seguridad las consecuencias a largo plazo son devastadoras. No solo se cometen los más atroces crímenes de Estado, sino que también se socavan las bases de nuestra democracia.
Hoy observamos con preocupación cómo el equilibrio entre seguridad y derechos humanos se desdibuja. La urgencia en torno a la seguridad pública y el creciente temor entre la ciudadanía ante la delincuencia arriesgan que el debate oriente una expansión del despliegue militar y la cooptación del Estado por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Desde alcaldes hasta el Ejecutivo, se incrementan los llamados a operativos militares y a medidas que violan las obligaciones comprometidas por Chile en el concierto internacional. Nos encontramos, así, en medio de una coyuntura que no puede erosionar la gobernanza democrática, en la que el uso de la fuerza predomine sobre la política y el valor público de la justicia. Ante esta situación, es crucial reevaluar la relación entre seguridad y derechos humanos. Debemos insistir en un marco de acción que no solo aborde las necesidades de seguridad, sino que también fortalezca los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en todas las instituciones estatales. La historia chilena y referencias internacionales demuestran que un firme compromiso con los derechos humanos es compatible con estrategias efectivas de seguridad. Sin embargo, esto requiere una voluntad política que, hasta ahora, ha sido inexistente.
Los ciudadanos, las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional deben mantenerse vigilantes y activos en la defensa de los principios democráticos. Solo así podremos esperar reconstruir la confianza en nuestras instituciones y asegurar que el balance entre seguridad y derechos humanos se gestione de manera justa y efectiva.
El precario balance entre captura estatal y seguridad
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06.05.2024
La dirección que ha tomado el debate sobre seguridad pública y responsabilidad de mando en Carabineros arriesga desdibujar principios democráticos e históricos avances sobre derechos humanos, expone la siguiente columna de opinión para CIPER: «Debemos insistir en un marco de acción que no solo aborde las necesidades de seguridad, sino que también fortalezca los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en todas las instituciones estatales. La historia chilena y referencias internacionales demuestran que un firme compromiso con los derechos humanos es compatible con estrategias efectivas de seguridad. Sin embargo, esto requiere una voluntad política que, hasta ahora, ha sido inexistente.»
La estrategia de oponer seguridad a derechos humanos se ha vuelto una herramienta política recurrente y preocupante. En Chile, esta estrategia se manifiesta con claridad en la relación cada vez más comprometida entre las instituciones estatales y las fuerzas del orden, especialmente en casos recientes que involucran crímenes que se imputan a agentes del orden y seguridad. A través de ejemplos concretos, se observa cómo las estructuras de poder pueden ser manipuladas para proteger intereses particulares en lugar de servir al bien común.
Un caso ilustrativo de lo anterior es el del general director de Carabineros, quien enfrenta imputaciones por parte del Ministerio Público respecto de su intervención en casos de apremios ilegítimos. A pesar de la gravedad de estas acusaciones y su nula colaboración en el proceso penal, ha recibido un apoyo político transversal,........
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