España es el país europeo con más deuda regional en Europa con un 22,2% del PIB nacional. El pasivo de las Comunidades Autónomas ha pasado del 6,1% del PIB en el año 2000 al 22,5% en 2023, casi cuatro veces más. El dato demuestra además la dependencia financiera de muchas Comunidades Autónomas respecto del Estado, consecuencia del déficit de ingresos y de la imposibilidad de acudir al mercado para obtener financiación.

Al mismo tiempo que existen grandes diferencias regionales: Navarra (12%), Canarias (12,2%), Madrid (12,6%) y País Vasco son las Comunidades menos endeudadas, frente a la Comunidad Valenciana (42,2%), Castilla la Mancha (31,9%), Murcia (31,2%) y Cataluña (31%) fueron las más endeudadas. Sin embargo, las medidas anunciadas (condonación de la deuda de Cataluña) relacionadas con la condenación de la deuda pública autonómica no ayudan a la fijación de normas que coadyuven al control de la deuda pública en España, a la fijación del principio de corresponsabilidad fiscal y a la contención del gasto público. En este sentido, el 60,9% de la deuda autonómica (198.000 millones de euros) la detenta el Estado en manos del Fondo de Financiación, frente al 14,4% en títulos representativos de la deuda, el 17,4% en forma de préstamos ante las entidades financieras y el 5,3% en préstamos en el exterior.

En resumen, las necesidades de financiación de las Comunidades Autónomas aumentaron un 15,8% interanual hasta situarse en 11.434 millones en 2023, mientras el déficit de las Comunidades representó el 0,91% del PIB en 2023.

Además la presión fiscal se ha incrementado constantemente según FUNCAS, así el tipo medio del IRPF ha crecido 1,6 puntos desde el año 2019, situación a la que se suma las nuevas reglas fiscales europeas y que hipotecan los Presupuestos del Estado para 2025. Indudablemente el problema es el gasto público, de hecho el Banco de España propone una reducción del gasto y un incremento de los ingresos entre 6.000 y 9.000 millones de euros anuales, mientras que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) exige que el plan a presentar por el Gobierno en septiembre deberá garantizar un ajuste del déficit público de 0,63 puntos anuales del PIB entre 2025 y 2027 (0,43 entre 2025–2031). Sin embargo, las necesidades electorales avivan el gasto público y que solamente puede compensarse con un aumento de los ingresos tributarios. El informe semestral de la OCDE alerta que la baja productividad y la caída de la inversión lastrarán el crecimiento de España en los próximos años, por lo que aconseja fomentar la innovación y la inversión que generen un aumento de los ingresos públicos para compensar el aumento del gasto en pensiones y una reducción de los niveles de la deuda pública. En los próximos meses veremos si se siguen estas recomendaciones.