El ministro de gobierno Eduardo del Castillo organizó un barullo para lanzar un proyecto de ley con el que pretende mostrarse como el tipo duro del régimen contra el crímen, un justiciero al estilo del salvadoreño Nayib Bukele y de hecho hay quienes ya lo han comparado con el mandatario salvadoreño.

Se trata de una iniciativa que introduce un nuevo delito, que no hace más que cambiar el nombre al “robo” por “apoderamiento flagrante de la cosa ajena” y está dirigido a combatir los denominados “crímenes de bagatela”, como hurtos, robos de teléfonos celulares y otras formas que se aprovechan del descuido de las víctimas o abusan de la confianza, figuras que están plenamente consignadas en el código penal boliviano.

La novedad es el incremento de las penas contra los sospechosos y la aplicación de un procedimiento extremadamente rápido, pues se prevé que el fiscal acuse directamente basándose en el acta de la policía, omitiendo la fase preparatoria del juicio y pasando directamente a una audiencia de sentencia. En manos de gente tan corrupta como la que tenemos en la policía, el ministerio público y la justicia, esto no es otra cosa que “un mono con navaja”.

Lo que pasa es que el ministro en cuestión ha estado leyendo algunas encuestas que lo ponen en la lista de figuras potables para acompañar a Luis Arce en la candidatura a las elecciones de 2025 y el cotillón del pasado viernes no es más que un acto de campaña, usando la lucha contra la inseguridad como caballito de batalla, maniobra que ha sido calificada por un reconocido jurista boliviano como “populacherismo penal”.

No es la primera vez que un aventurero inventa alguna fórmula para luchar contra la inseguridad ciudadana, como si éste fuera el principal problema de Bolivia. Ninguna de las ciudades del país aparece en la lista de las cien urbes más peligrosas de América Latina, lo que sí pasa con el narcotráfico, el contrabando, la corrupción estatal, la trata de personas, el avallamiento de la propiedad privada, los crímenes contra el medio ambiente, la violencia doméstica y muchos otros delitos que prácticamente son ignorados por las autoridades, que en algunos casos, las promueven y las estimulan.

Ya quisiéramos un verdadero Bukele en Bolivia, pero que haga lo mismo que ha hecho el presidente centroamericano, que le corte la cabeza al crimen organizado, que le salte a la yugular al problema de la inseguridad y no se entretenga con los “pobres diablos” que representan nada más que un síntoma de la descomposición social que vivimos y que es fruto de la anomia que ha provocado el gobierno del MAS.

Los bolivianos quieren ver a los peces gordos del narcotráfico tras las rejas, a los asaltantes del estado en la cárcel, lo mismo con los jueces, los policías y los fiscales que trafican con la ley, con los avasalladores de tierras y todos lo que viven protegidos por este régimen que no ha dado ni una sola muestra de transparencia en 18 años.