No tengo reparos contra el profesor Ismael Peña, pero creo que la legitimidad de su designación como rector de mi querida Universidad Nacional (UN) es muy precaria por haber desconocido la consulta realizada unos días antes en la comunidad académica. Esto lo expresé en unos trinos el día de la elección. Ahora, a partir de información conocida posteriormente, creo que también podría ser ilegal.
La consulta en la UN no es una elección, por lo cual no es estrictamente vinculante. El Consejo Superior Universitario (CSU) goza entonces de discrecionalidad para escoger entre los cinco candidatos con mayor votación. Sin embargo, en un Estado de derecho, la discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad. Por ello, teniendo en cuenta el principio participativo que gobierna a la UN, la consulta debe informar y orientar la decisión del CSU pues los profesores y estudiantes hemos expresado una opinión, que amerita respeto. Los consejeros no pueden entonces simplemente poner de lado los resultados de la consulta y votar con base en sus puras preferencias personales, como si estuvieran evaluando a cinco aspirantes que acabaran de inscribir su nombre, pues eso irrespeta la participación de la comunidad académica.
El CSU debería entonces aceptar que existe una suerte de presunción a favor de que sea designado rector quien haya ganado nítidamente la consulta. Es obviamente una presunción derrotable pues no estamos frente a una elección. Pero el CSU tiene que ofrecer muy buenos argumentos para elegir a quien estuvo lejos del ganador de la consulta. En este caso, con la mayor participación en la historia de la UN, el profesor Leopoldo Múnera no solo tuvo más del tercio de la votación entre diez candidatos, que es un resultado contundente, sino que, además, cuadruplicó al profesor Peña. Y, sin embargo, el CSU eligió a Peña, a pesar de la trayectoria impecable de Múnera, y se ha abstenido de dar cualquier explicación por cuanto optó por el voto secreto, ante las denuncias de amenazas contra algunos consejeros. Obviamente esas amenazas deben ser investigadas y la seguridad de esos consejeros debe ser garantizada. Sin embargo, el paso al secretismo en la elección de rector es difícil de aceptar en una institución universitaria, uno de cuyos principios es la transparencia.
En los últimos días hemos sabido además, debido a declaraciones de varios consejeros y a una investigación de la Revista Raya, que la designación de Peña estuvo acompañado de elementos preocupantes: reuniones previas de algunos consejeros y adopción el mismo día de la elección de una nueva forma de decisión, propuesta por el exrector Ignacio Mantilla: el llamado “método Borda”, que fue usado en este proceso para eliminar progresivamente candidatos a través de una ordenación de las preferencias expresadas por los consejeros en distintas rondas de votación. No puedo detallar en esta columna los elementos técnicos de este método, pero creo que altera las reglas electorales previstas en el Estatuto de la UN y en el reglamento del CSU, por lo cual la designación de Peña podría ser también jurídicamente nula, como lo abordaré más sistemáticamente en otros escritos.
La alteración de las reglas electorales, las extrañas reuniones previas de ciertos consejeros, el desprecio a la consulta, el voto secreto y la falta de cualquier explicación por el CSU de su decisión no solo afectan gravemente la legitimidad de elección de Peña, sino que podrían generar su nulidad jurídica. Ojalá el profesor Peña y el CSU recapaciten y tomen decisiones para sacar a la UN de esta grave crisis en que el propio CSU nos metió.
Por transparencia, aclaro que el profesor Múnera y yo nos conocemos hace décadas y hemos colaborado en muchas actividades docentes.
(*) Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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