Eduardo Claure
En 2001, Naciones Unidas emitió un documento con el título de la presente nota, y esperaba que para el 2015, la meta 7 que era “Asegurar la sostenibilidad del medio ambiente”, alcanzase resultados medibles en la materia. La meta señalada tenía tres objetivos: 1. Integrar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y programas del país y revertir la pérdida y degradación de los recursos medio ambientales; 2. Reducir a la mitad, hasta el 2015, la proporción de personas sin acceso al agua potable; 3. Para el 2020, haber alcanzado mejoras significativas en las vidas de por lo menos 10 millones de personas que vivan en “barrios bajos”. Cuál mago, anotaban en el “resumen de desempeño”: ¿La meta será cumplida el 2015? Y, apuntaban: Poco probable; respecto al estado de las condiciones de apoyo para el logro de la meta, indicaba: “Débil, pero mejorando”. Obviamente, estamos en 2024 y hace nueve años que debieron haberse cumplido estos compromisos asumidos como Estado, lo que no ha sucedido en la era del Proceso de Cambio.
Veamos en detalle lo mencionado en aquel informe respecto a Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (diagnóstico y tendencias). Si bien se ha avanzado en la formulación de políticas vinculadas a la gestión ambiental y desarrollo sostenible, con la promulgación de leyes fundamentales como la Ley Forestal, INRA, de Participación Popular, el Código de Minería, la Ley de Hidrocarburos, los Reglamentos de la Ley de Medio Ambiente y la ratificación de los convenios de biodiversidad, cambio climático y desertificación, aún no se cuenta con un cuerpo normativo completo y coherente que asegure una gestión orientada al desarrollo sostenible. Faltan por aprobar la Ley de Conservación de la Biodiversidad, una ley para el aprovechamiento del recurso agua, una ley de ordenamiento territorial y de normas específicas sobre vida silvestre y otros temas. Por otro lado, el mejoramiento de la calidad de las viviendas y el acceso a servicios de agua potable y de saneamiento básico tiene efectos directos en la salud de la población y la productividad de los trabajadores.
Respecto a los Desafíos para la implementación de una Estrategia de Desarrollo Sostenible, el documento aludido, resaltaba: Débil institucionalidad del Estado. La gestión ambiental, hasta ahora, no ha sido una prioridad en la agenda del Estado. Los esfuerzos realizados no han permitido modificar la situación ambiental, caracterizada por una creciente degradación y erosión de suelos, deforestación, pérdida de diversidad biológica y contaminación ambiental. Falta de conciencia ambiental y de capacidades técnicas para el desarrollo sostenible: La ciudadanía en general carece de una adecuada información y comprensión sobre la problemática ambiental y del desarrollo sostenible, lo cual provoca ausencia de demanda para la adopción de políticas que conduzcan hacia procesos sostenibles. Tampoco existe un compromiso que se traduzca en un cambio de actitudes en relación con el aprovechamiento de los recursos naturales, con las pautas de consumo y con el cumplimiento de las normas ambientales. Modalidades insostenibles de uso y aprovechamiento de recursos naturales: Durante la década pasada se avanzó en la formación de un marco normativo e institucional, pero no se ha podido realizar acciones concretas que signifiquen un cambio en las prácticas de uso y aprovechamiento de los recursos naturales, por lo que los problemas ambientales asociados, lejos de reducirse, se han extendido, con las consecuencias económicas y sociales previsibles.
Con relación al Marco de Apoyo (políticas y programas), expresaba lo siguiente: La necesidad de regular el acceso a la tierra y a los recursos naturales, de prevenir impactos ambientales y de asegurar la conservación de la biodiversidad y de la calidad ambiental, determinó la promulgación de una serie de normas legales que conforman un marco general para la gestión ambiental como ha sido la Ley 1333 de Medio Ambiente. Por otra parte, el reconocimiento de los derechos indígenas y campesinos sobre sus territorios y tierras tradicionalmente ocupadas y sobre los recursos naturales es uno de los aspectos en los que se ha avanzado de manera más clara. Sin embargo, y tal como se mencionó, es necesario completar la legislación y compatibilizarla, así como desarrollar mecanismos y procesos para su adecuada aplicación.
Respecto a las Prioridades para la Asistencia para el Desarrollo, se anotaba lo siguiente: Las prioridades para el cumplimiento de la meta establecida son extensas y complejas entre las principales están: Estrategia de Desarrollo Sostenible; Promulgación y aplicación de normas legales: Existe la urgencia de contar con una Ley de Ordenamiento Territorial y Ley de Conservación de la Biodiversidad; Formulación de políticas e instrumentos para el desarrollo sostenible; Fortalecimiento de la institucionalidad del Estado; Diseño de una política agropecuaria sostenible; Conservación de bosques y producción forestal sostenible; Gestión de la biodiversidad; Desarrollo del ecoturismo como una alternativa compatible con la conservación; Gestión de recursos hídricos; Mejoramiento y conservación dela calidad ambiental; Participación ciudadana en temas de medio ambiente y desarrollo sostenible.
Esta propuesta y evaluación ha pasado por más de dos décadas, nos encontramos rumbo al Bicentenario, y muchos referentes políticos, -no lideres- están en carrera frenética hacia las elecciones nacionales del 2025; alguien vio alguna propuesta medioambiental en sus ofertas políticas.? Los pachamamistas hicieron gran campaña por ella, la Madre Tierra, y la mataron igual nomás. Local y nacionalmente, muchos están ya en listas para su candidatura, creen tener la solvencia suficiente, pero no vemos lo esencial, lo imprescindible de cualquier oferta política: qué hacer con la tal Madre Tierra. La biodiversidad, es fundamental conservarla, mantenerla viva. Las lluvias de este año, tal vez no vuelvan, entonces nos esperan tiempos secos, muy secos. Los políticos están previniendo el futuro del agua.? De los bosques.? Parece que habrá que organizarse contra los políticos que no tienen la más mínima y peregrina idea respecto los recursos naturales renovables. Cuando pidan voto, hay que pedirles agua… De Europa, retornan muchos latinos por lo que se viene con la guerra de Rusia, China e Irán contra el mundo, mientras los políticos, aquí, son la pesadilla de las promesas.
Metas de Desarrollo de la Cumbre del Milenio de Progreso en Bolivia
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01.05.2024
Eduardo Claure
En 2001, Naciones Unidas emitió un documento con el título de la presente nota, y esperaba que para el 2015, la meta 7 que era “Asegurar la sostenibilidad del medio ambiente”, alcanzase resultados medibles en la materia. La meta señalada tenía tres objetivos: 1. Integrar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y programas del país y revertir la pérdida y degradación de los recursos medio ambientales; 2. Reducir a la mitad, hasta el 2015, la proporción de personas sin acceso al agua potable; 3. Para el 2020, haber alcanzado mejoras significativas en las vidas de por lo menos 10 millones de personas que vivan en “barrios bajos”. Cuál mago, anotaban en el “resumen de desempeño”: ¿La meta será cumplida el 2015? Y, apuntaban: Poco probable; respecto al estado de las condiciones de apoyo para el logro de la meta, indicaba: “Débil, pero mejorando”. Obviamente, estamos en 2024 y hace nueve años que debieron haberse cumplido estos compromisos asumidos como Estado, lo que no ha sucedido en la era del Proceso de Cambio.
Veamos en detalle lo mencionado en aquel informe respecto a Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (diagnóstico y tendencias). Si bien se ha avanzado en la formulación de políticas vinculadas a la gestión ambiental y desarrollo sostenible, con la promulgación de leyes fundamentales como la Ley Forestal, INRA, de Participación Popular, el Código de Minería, la Ley de Hidrocarburos, los Reglamentos de la Ley de Medio Ambiente y la ratificación de los convenios de biodiversidad, cambio climático y desertificación, aún no se cuenta con un........
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