Los gobiernos extremistas conformados por el Partido Popular (PP) y Vox en diversas autonomías han decidido atentar contra los derechos humanos impulsando leyes que blanquean el franquismo y denigran a las víctimas de la dictadura. Así lo ha señalado la Organización de Naciones Unidas (ONU), que ha instado al Gobierno del país a “tomar todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de los derechos humanos". A la llamada ha acudido rápido el principal partido de la coalición.
El Ejecutivo ya había anunciado que llevaría al Tribunal Constitucional la ley aprobada en Aragón y los proyectos presentados en Castilla y León y Comunidad Valenciana, que previsiblemente contarán con el apoyo de las fuerzas ultras. Ahora, tras el pronunciamiento del organismo internacional, el PSOE ha reactivado la contienda mantenida con PP y Vox, cargando duramente contra el negacionismo histórico impulsado por ambos partidos y exigiendo la “retirada inmediata de las mal llamadas leyes de concordia promovidas por el PP y la ultraderecha”.
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“Exigimos también que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se posicione de forma clara sobre este extremo, y diga si está con las víctimas o con estas leyes de la vergüenza”, añaden fuentes socialistas. La respuesta ha llegado tras la intervención de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, un acontecimiento vergonzante para cualquier democracia occidental, más si cabe cuando esta se produce por invisibilizar a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y por vulnerar los estándares y Tratados internacionales suscritos por el país.
“No hay lugar para el blanqueamiento del franquismo en España. No hay sitio para los nostálgicos de la dictadura. Las imágenes de cientos de seguidores de la ultraderecha brazo en alto en Italia que hemos visto esta semana deben ponernos en guardia ante el avance de la ultraderecha en Europa y también en España”, denuncian desde Ferraz. El culpable está claro para los de Pedro Sánchez, que señalan al PP por “ponerse de perfil también en esta cuestión”. “Los demócratas debemos movilizarnos para que España se convierta de nuevo en el dique de contención contra los ultras”, concluyen.
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Más allá de las reacciones de los partidos democráticos, que han condenado unánimemente los procederes de PP y Vox, también se han pronunciado diferentes personalidades. “Qué vergüenza PP y Vox”, ha lamentado Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. “La ONU les dice que sus leyes de blanqueamiento de la dictadura son indignas de una democracia como España”, ha desgranado el hombre fuerte de presidente, contrariado con los procederes extremistas de la oposición. En la misma línea, el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reiterado la condena que protagoniza desde que se conocieron las leyes.
“Invaden claramente el derecho internacional y la defensa de los derechos humanos”, condenaba el ministro semana atrás, defendiendo claramente que “durante la dictadura franquista hubo represión, desapariciones, torturas y marginación por cuestiones políticas que desarrolló un golpe de Estado militar contra un orden democrático que era la Segunda República”. La ONU ha coincidido, señalando que las normas “ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia".
Por el momento, la respuesta ha llegado desde uno de los gobiernos autonómicos. El polémico vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha optado por poner en duda a las personalidades de la ONU. El miembro de Vox y mano derecha de Alfonso Fernández Mañueco llama a “preguntarse quiénes son estos relatores, qué saben de la legislación española, qué saben del contenido real de estas leyes, porque lo que hemos visto por la prensa ya denota mucho desconocimiento, quiénes son estos señores, con quién guardan afinidad, quién los ha nombrado, y eso también será importante a la hora de valorar el contenido de esa resolución”.
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