General Motors ha anunciado la decisión de relocalizar sus plantas de ensamblaje de vehículos automotores fuera de la región. En Colombia esto significa el cierre de Colmotores, la ensambladora de Chevrolet. Estos vehículos no van a dejar de ofrecerse en el mercado. Pero la parte de la manufactura que se realizaba en Colombia ahora se realizará en otra parte.
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La implicación más inmediata es el efecto directo de esta decisión sobre 550 trabajadores, que pierden su empleo. Estos trabajadores se acogerán a un plan de retiro voluntario o serán indemnizados de acuerdo con la ley. Recibirán unos recursos para cubrir sus gastos por un tiempo, mientras consiguen trabajo, o para invertir apostándole a un futuro distinto. Para algunos será difícil comenzar de nuevo, pero la mayoría se reubicará eventualmente en otros trabajos. Preocupa más el efecto sobre la industria local de autopartes, que perderá un comprador importante si no consigue ofrecer su producción a precios competitivos en el mercado internacional. La mirada del Gobierno tendría que volcarse a ella para dimensionar el golpe potencial y ofrecerle apoyo para innovar y adaptarse.
Es desafortunada la decisión de cualquier empresa generadora de actividad económica y empleo de relocalizarse a otra parte, y no es la primera vez que ocurre. Incluso algunas empresas nacionales, como Nutresa, han trasladado sus procesos de producción fuera del país en el pasado. Algunos productos “colombianos” se producen en el exterior y llegan al mercado local como importaciones. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué para algunas grandes industrias no es buen negocio producir en Colombia, y la ubicación estratégica del país para atender los mercados de Sur y Centroamérica no es atractivo suficiente?
Hay varias explicaciones que apuntan a cosas que tendrían que arreglarse. Por una parte, la actividad empresarial requiere marcos regulatorios propicios: reglas sencillas que sean de fácil cumplimiento, procesos expeditos que no agreguen costos innecesarios, políticas laborales y comerciales que no encarezcan el trabajo y los insumos. En esto es fácil equivocarse cuando el objetivo de generación de empleo y actividad se desdibuja frente a otras prioridades. Por ejemplo, el control de la corrupción y la ilegalidad a través de trabas en los procesos –pésimo sustituto de un sistema de justicia que funcione– pone talanqueras al buen desarrollo de cualquier negocio.
Es razonable esperar que las empresas que pueden hacerlo quieran relocalizar su producción a mercados con regulaciones más amables, donde puedan producir a un menor costo. Una cosa es un marco regulatorio claro que delimite la cancha. Otra distinta es el exceso regulatorio que se entromete en todo, que suele ser ineficiente, inefectivo y paternalista.
Por otra parte, la actividad empresarial requiere unos mínimos de certidumbre sobre la posibilidad de recuperar las inversiones con una rentabilidad mínima. Es razonable que la inversión se vaya de mercados con sistemas judiciales frágiles donde los derechos de propiedad no están garantizados. Piensen en el riesgo que representan las prácticas del crimen organizado, cada vez más extendidas en la región, para la actividad empresarial.
La incertidumbre sobre el curso de la política y el funcionamiento de las instituciones democráticas opera en la misma dirección. La región es un polvorín. Las sociedades están divididas y las voces más extremistas se han tomado la conversación. Uno se pregunta por el adulto sosegado que pueda ver más allá del instante y le apueste a calmar los ánimos. Porque ahora se va General Motors, pero luego serán otros. Esto no se contiene con intentos de legislar para impedir que ocurra. Y las economías no están en condiciones de enfrentar una destrucción masiva de puestos de trabajo.
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