La situación de la Universidad Nacional es angustiante. Hay interesados en difundir una versión que suena creíble, y genera indignación, pero que oculta el verdadero corazón del conflicto.
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El primer hecho ‘aberrante’ no se dio con la decisión del Consejo Superior Universitario (CSU) ni con la posesión del rector Peña. La decisión del CSU de votación secreta se debió a que algunos de sus miembros fueron amenazados para presionar su apoyo al resultado de la consulta, que no es vinculante.
Es decir que antes de la reunión del CSU ya existía el propósito de forzar la adopción de un sistema de elecciones para el nombramiento de rector. Las reacciones inmediatas de quien no fue elegido declarándose en “desobediencia civil” y de algunos grupos de profesores y estudiantes de paralizar la universidad señalan que efectivamente ese propósito existía. Había una intención clara de aprovechar la oportunidad y la coyuntura política del país.
Creo que hay que sincerar la discusión; las objeciones al procedimiento podrán ser demandadas, y serán los jueces quienes determinen si se invalida el nombramiento que se hizo. Yo acá me limitaré a comentar brevemente la pretensión de “democratización”, que es el verdadero corazón del conflicto.
La democracia es un sistema político que aplica a Estados, no a organizaciones. Los estudiantes y profesores no somos dueños, somos beneficiarios, y no representamos a la Nación, que sí es la dueña. La pretensión de que tenemos un derecho superior al de los otros ciudadanos es un abuso; es una privatización de lo público a nuestro favor. No podré ampliar acá más este punto, porque necesito el espacio para otras consideraciones.
No somos los primeros en experimentar esas presiones seudodemocratizadoras. La mayoría de las buenas universidades del mundo las han rechazado porque, cuando se han usado, las consecuencias han sido muy negativas.
La introducción de votaciones implica introducir también los vicios que estas puedan tener. Esta afirmación podría haberse visto como una hipótesis antes de lo que sucedió; ahora es un hecho cierto. Los miembros del CSU (como mencioné) fueron intimidados antes de la decisión, y después han sido acosados y vilipendiados. Los grupos que protestan no han ahorrado insultos. La representante estudiantil renunció llevada a un estado de desesperación, como se ve en un video suyo que circuló, en el que pedía que solo la dejaran terminar su carrera.
Decenas de comunicados han circulado, con abundantes ejemplos de neolengua orwelliana. En uno de ellos la toma violenta, por encapuchados con machetes, del edificio de la rectoría es denominada “retoma de las residencias estudiantiles” (para quien no sepa, en ese edificio hubo residencias hace 45 años, desde entonces es rectoría).
Se planteó la extraña doctrina de ‘presunción de ilegalidad’ del acto del CSU (yo entendía que en derecho prevalece la presunción de legalidad, hasta que un juez diga lo contrario). En fin, se da todo lo que se espera para que unas elecciones sean ‘como suelen ser las elecciones’.
La intervención del Gobierno vulnera abiertamente la autonomía. El último comunicado de la ‘Asamblea Triestamentaria’ trae una verdadera perla: exige al Presidente y a la ministra que “tomen acciones para exigir desde el CSU el respeto por la autonomía” ¡Cínicamente pide que el poder político intervenga a la Universidad para que haya autonomía!
Creo que la salida que menos daño hará es respetar la institucionalidad. Es decir, aceptar la decisión del CSU, y esperar, si los hay, conceptos de autoridades judiciales. Al tiempo, empezar a discutir sobre gobierno universitario, pero sin presiones ni abusos.
Ojalá la decisión sea imitar a los exitosos, no a quienes han fracasado.
@mwassermannl
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