Las desafortunadas declaraciones del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, desataron una confrontación pública en torno a la dirección de la reforma de la Ley 348, que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia. El senador pasó por alto que diversas organizaciones de mujeres vienen discutiendo mejoras de la norma desde 2020, buscando fortalecer los mecanismos de prevención, atención, protección y reparación integral a mujeres en situación de violencia.
Sin ningún respeto a todo el proceso social que durante dos años recogió y sistematizó cerca de 1.000 aportes en todo el país, el senador priorizó poner en discusión un confuso y mal redactado proyecto de ley que pone en riesgo todos los avances en materia de derechos humanos, y arroja por la borda los compromisos estatales signados en instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y la Convención Interamericana de Belém do Pará.
La reacción a las declaraciones de quienes ven en la figura del senador Rodríguez una genuina renovación del proceso de cambio fue de incredulidad. “No comprende la dimensión de lo que ese proyecto propone”, dijeron algunas; “está mal asesorado”, defendieron otras; “han descontextualizado su intervención”, apuraron a decir en su entorno. Sin embargo, al día siguiente, una conferencia de prensa dejó en claro que el senador no fue mal interpretado. Genuinamente él apoyaba la reforma desde una dimensión regresiva.
El senador no solo ponía en duda el espíritu de la ley que enorgullecía la gestión del presidente Evo Morales, también planteaba que la legislación destruía familias y ponía en la cárcel a hombres inocentes. En las primeras palabras del senador se podía identificar un guion bien ensayado (y reconocible); por ello, fue muy fácil encontrar su inspiración en un reciente discurso de Macarena Olona, militante de Vox, partido de la ultraderecha española. Gracias a las redes pudimos constatar que no se trataba solo de una inspiración, sino de la copia fiel de todos sus recursos demagógicos.
Esta declaración confirmó que no se trataba de un error inocente, o mala asesoría. Detrás del apoyo a una ley regresiva se podía vislumbrar un cálculo político electoral que buscaba atraer a los votantes conservadores que victimizan a los hombres y se sienten incómodos frente a una mayor igualdad de las mujeres. Al senador parece no molestarle que ganar esa popularidad implica desconocer que en Bolivia los índices de violencia por razón de género son los más altos de la región.
El Ministerio de Justicia fue contundente en refutar los supuestos que sustentaban ese discurso. En Bolivia, el Ministerio Público reporta que entre 2013 y 2024 se han registrado 1.189 víctimas de feminicidio y casi medio millón de denuncias de violencia de género. Y por ese total de crímenes, el Régimen Penitenciario informa que, a la fecha, 18.459 personas se encuentran privadas de libertad, es decir que, del total de las denuncias citadas, solo en el 4,16% se ha determinado el presidio para los criminales.
Por ello, la autoridad competente afirma que “la situación de injusticia que hoy alegan algunos varones es la misma que han denunciado por años las mujeres contra jueces, fiscales y policías que aplican la ley de manera discrecional”. En ese marco, ¬¿cuánto tiempo ha dedicado la Asamblea Legislativa a fiscalizar a los operadores de justicia? ¿Cuánto se han implicado senadoras y senadores en comprender el problema? El debate respecto a la Ley 348 debiera ser para avanzar y no para consagrar la impunidad.
Con esta experiencia, nos queda por discutir cuán amorfo y elástico puede llegar a ser un programa de izquierda desesperado por ganar elecciones, o cuánto conservadurismo en derechos de las mujeres puede caber en una propuesta del campo “progresista”.
Lourdes Montero es cientista social.
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