Un refrán español dice: “El que parte y reparte no siempre se queda con la mejor parte”. Tal vez podría aplicársele a Cataluña en la última reforma de la financiación autonómica, que no salió como esperaban en la Generalitat de aquel entonces: año 2009. ¿No reparte entonces el Gobierno? Sí, pero no solo. Lo habitual en esta materia es que primero se pacte con los catalanes y después se incorporen todos los demás en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde se hace formalmente el dichoso reparto, que tiene fecha de caducidad, pero de aquella manera.
En materia de plazos, a la financiación autonómica le pasa un poco como al Consejo General del Poder Judicial: caducó en 2014, pero diez años después sigue sin conocerse cuando se renegociará. Claro que el rico refranero español también da pie a creer que “quien parte y reparte se queda con la mejor parte”. En este caso, más que con la financiación, sucede con la gestión de los fondos europeos Next Generation EU o con la distribución de los Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno procura distribuir a su medida y, en ocasiones, al gusto de sus amigos; léase también socios.
En el complejo entramado de la descentralización en España, la financiación de las comunidades juega un papel crucial. Este sistema se bifurca en dos modelos: el régimen común y el régimen foral, cada uno con sus particularidades. Dentro del régimen común, destaca el caso singular de Canarias, cuya situación económica y fiscal se rige por un régimen especial. Este estatus se fundamenta en razones históricas y geográficas, pero también se ajusta a las disposiciones de la Unión Europea sobre regiones ultraperiféricas, que buscan equilibrar las disparidades territoriales. En la práctica, aunque no está escrito en ninguna parte, todas las autonomías son conscientes de que Cataluña es objeto de un tratamiento especial, cuasi bilateral.
Más allá de los recursos proporcionados por el sistema de financiación, las comunidades autónomas cuentan con otros medios financieros. Estos incluyen tributos propios, transferencias de los Presupuestos del Estado e incluso fondos provenientes de la Unión Europea. Además, tienen la posibilidad de recurrir al endeudamiento, siempre dentro de los límites establecidos.
La base legal de este entramado se encuentra en la Constitución, que aborda el sistema de financiación de las comunidades en los artículos 156 a 158. Asimismo, la Carta Magna reconoce las particularidades de los territorios forales y de Canarias, en un intento por conciliar la diversidad territorial con la unidad del Estado. Todo esto es así, pero por debajo de la mesa pasan muchas más cosas, que es algo de lo que se ocupan de debatir los académicos, sin que pueda hablarse tampoco en este caso de una doctrina común y ortodoxa.
La negociación está bloqueada porque los dos grandes partidos –PSOE y PP– no se ponen de acuerdo, pero también porque sin un nuevo gobierno en Cataluña es inviable. Salvo a vascos y navarros, que van por libre, a los demás les preocupa que el mínimo consenso que llega desde Cataluña no satisface a nadie. En el fondo, los catalanes desean un cupo, lo cual supondría hablar de palabras mayores en un Estado cuasi federal, cada vez menos cooperativo. Dicho en una nueva versión del refranero: el que reparte ni siquiera sabe a veces lo que reparte.
@J_L_Gomez
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