Los incendios, las sequías y los racionamientos de agua de los últimos meses han despertado una nueva conciencia sobre la importancia del agua en Colombia y lo que implicaría perder un recurso que la mayoría de colombianos daban por sentado.
¿De dónde viene el agua en Colombia? ¿Quién la consume? ¿Cuánto nos queda? Este primer capítulo del especial “Un Acuerdo para el Futuro” responde estas inquietudes.
Por su ubicación geográfica, Colombia es uno de los países con mayor volumen de agua en el mundo. El territorio alberga aguas superficiales, subterráneas, glaciares y marinas-costales (aquellas situadas entre el mar y el continente, alimentadas por las desembocaduras de los ríos).
Las cuencas de los principales ríos, quebradas y arroyos, situados en medio de ecosistemas tan diversos como el páramo, el bosque húmedo tropical, la selva amazónica, la llanura y el humedal, surten de agua dulce a todo el territorio.
En conjunto, las cinco cuencas del Caribe, el Pacífico, el Magdalena-Cauca, el Orinoco y el Amazonas producen seis veces más agua que el promedio de los demás países del mundo.
En gran parte, este rendimiento se debe a los páramos, célebres “fábricas de agua”, que producen y limpian el agua para dos de cada tres colombianos. Tan solo en Bogotá, el complejo del páramo de Chingaza aporta el 80% del agua de la ciudad y la región metropolitana.
Aunque estos ecosistemas distribuídos a lo largo de la Cordillera de los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta cubren apenas un poco menos del 3% del territorio, los 37 complejos de páramos de Colombia representan la mitad de los que existen en el mundo. En ellos nacen la mayoría de los grandes ríos colombianos, como el Magdalena, el Cauca, el Caquetá y el Putumayo.
A propósito de la Sierra, Colombia es de los pocos países tropicales que aún preserva seis glaciares, ubicados en los picos de los nevados del Ruiz, Tolima, Santa Isabel, Huila, Cocuy y Santa Marta.
Sin embargo, debido a la actividad humana y al calentamiento global, los glaciares colombianos se han reducido en un 60% en los últimos cincuenta años, y la contracción continúa en aproximadamente un 3% anual. El siguiente que desaparecerá es el Nevado de Santa Isabel, que se derretirá antes de la próxima década.
Además de los páramos, ríos y nevados, el país se nutre de más de 48 mil humedales y ciénagas que acogen al 87% de la población total y a complejas redes de fauna y flora endémica que también se ven amenazadas por la ocupación humana y la crisis climática.
Los humedales son clave, pues regulan el ciclo hídrico al retener las aguas en invierno, mejorar la calidad del agua y servir de refugio para animales nativos.
El último Estudio Nacional de Agua elaborado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) fue publicado en 2022 pero con datos actualizados sólo hasta el 2020. Sin embargo, ha mostrado que salvo por una caída durante la pandemia, el consumo de agua ha aumentado en los últimos años.
Este estudio permite analizar tendencias en el consumo y calidad del agua a lo largo del tiempo, el territorio y el sector económico. En el año de mayor consumo cubierto por este informe, los colombianos consumieron 36 mil millones de metros cúbicos de agua, lo suficiente para llenar 11 millones de piscinas olímpicas o 10 veces la Laguna de Tota en el departamento de Boyacá, la más grande del país.
Los datos más recientes muestran que para el 2020, el sector primario (agricultura, piscicultura, ganadería y minería) encabezó el consumo de agua, acaparando más del 62,3% de la demanda, seguido por el sector secundario (hidroenergía, hidrocarburos, industria y construcción) con el 28,2% de la demanda. Los hogares y las oficinas consumen el 9,5% restante. Estos resultados son consistentes con el consumo para las mediciones anteriores de 2012 y 2016.
Viéndolos por separado, los que más demandan agua son la agricultura, la hidroenergía y la piscicultura. Estos tres consumen el 80% del agua en Colombia al año.
El sector que más ha aumentado su demanda de agua en los últimos doce años del estudio es el piscícola, con un aumento consistente del 8,65% entre 2012 y 2020.
En donde más se consume agua es en la cuenca hidrográfica del Magdalena-Cauca (64%) —desde Honda hasta Barranquilla—, seguida por el Orinoco (18%), el Caribe (15%), el Pacífico (3%) y el Amazonas (1%).
El desperdicio, la otra cara del consumo, también prende las alarmas. Un estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación en colaboración con la Universidad de La Sabana en 2016 revela que se desperdicia el 43% del agua que se produce en el país, 13% más que el nivel aceptable mundialmente.
Los casos más extremos son La Guajira y San Andrés y Providencia, en donde se desperdician 4 de cada 5 litros de agua. Estas pérdidas son el resultado de fugas de agua e infraestructura deficiente, falta de medidores y mal uso del servicio por parte de los usuarios.
Por su parte, el desperdicio de agua en Bogotá se ha mantenido en un tercio del consumo total durante los últimos 10 años. Un informe reciente del Acueducto de Bogotá muestra que en 2022 se desperdició el 36% del agua en todo el sistema. En Soacha, particularmente, se llega a desperdiciar hasta 1 de cada 2 litros que se consumen.
Colombia experimenta un típico caso de mucha regulación y poco cumplimiento. La conversación adelantada por el gobierno Petro sobre la gobernanza del agua abre una puerta para trabajar sobre el manejo del recurso, que hoy carece de una autoridad o política centralizada que supervise el sector hídrico.
Leyes, códigos, resoluciones, decretos presidenciales y sentencias regulan el acceso y la calidad del agua en Colombia. El gobierno Duque sacó varios Conpes sobre el agua y adelantó una Política Hídrica Nacional con los ministerios de Vivienda y Ambiente.
Por su parte, el gobierno Petro ancla todo su Plan Nacional de Desarrollo en el acceso y protección del agua como eje para el ordenamiento territorial y la justicia ambiental. Además de comprometerse a ratificar el Acuerdo de Escazú y consolidar el catastro multipropósito, entre otras medidas, el plan se une al esfuerzo global por alcanzar el sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible de “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos” para 2030.
El gobierno asegura haber triplicado la inversión en proyectos de agua para la ejecución de 145 proyectos de acueducto, alcantarillado y saneamiento. Sin embargo, aún no ha publicado Conpes que articule esta política.
Pero los esfuerzos por la gobernanza sobre el agua no son nuevos en Colombia. La Corte Constitucional es pionera en declarar al río Atrato como sujeto de derechos de protección en 2016. Ordena proteger al Atrato de la contaminación y la minería ilegal para garantizar la conservación del agua, los animales y las plantas que lo recorren, así como para mejorar la calidad de vida de las personas que viven de él.
Desde entonces, esfuerzos como este se han multiplicado en las regiones. En 2019 el Tribunal Regional del Departamento de Tolima declaró a los ríos Coello, Combeima y Cocora, así como a sus afluentes, como sujetos de derechos de protección. El Tribunal Superior de Medellín hizo lo mismo para la cuenca del río Cauca.
Pero la aplicación de estas sentencias, leyes y decretos es todo un reto. El engranaje institucional es complejo. A nivel nacional, la gestión del agua recae sobre los ministerios de Medio Ambiente, Vivienda y Salud, el Departamento Nacional de Planeación, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Aunque no inciden directamente sobre la gestión del agua, otras autoridades como el Ideam y Parques Nacionales también se involucran en su conservación.
A nivel regional y local, cada gobernación y alcaldía define sus propios lineamientos para manejar el agua. Aquí entran las Corporaciones Autónomas Regionales como los mecanismos de acción para implementar la política ambiental en el territorio.
Alrededor de 86 instituciones a nivel nacional, regional y local gestionan el agua. La mayoría de ellas funcionan a nivel comunitario.
No todo el mundo tiene acceso al agua en Colombia, a pesar de su abundancia. El más reciente Índice de Pobreza Multidimensional realizado por el DANE muestra que para 2023 el 91,2% de la población tenía acceso a agua potable. Esta cifra se ha mantenido relativamente estable en los últimos cinco años. Pero 391 municipios están expuestos a riesgo de sufrir escasez de agua.
Los cambios más significativos ocurren en torno a la seguridad en el acceso y la calidad del agua potable. La diferencia entre el campo y la ciudad es grande: la última Encuesta de Calidad de Vida del DANE revela que en 2023 el 62,6% de los hogares rurales tenían acceso a acueducto, comparado al 98% urbano.
El contraste es aún mayor en alcantarillado y aseo: mientras casi el total de los hogares urbanos tenían acceso a estos servicios solo 1 de cada 6 colombianos en la zona rural tenía acceso a alcantarillado, y 1 de cada 3 vive en lugares con recolección de basuras y servicios de aseo público.
La buena noticia es que el acceso ha aumentado. Comparado con los datos de la Superintendencia de Servicios Públicos para 2021, el acceso rural al servicio de acueducto aumentó en un 20% durante los últimos cuatro años. Aún así en Colombia todavía más de 1.4 millones de personas aún defecan al aire libre.
Mientras Boyacá, Antioquia, Atlántico y Bogotá alcanzan casi una cobertura total, Chocó es el departamento más desfavorecido: solo uno de cada tres chocoanos acceden a agua potable de forma segura.
Por sí solo, el acceso al agua no garantiza un consumo libre de riesgos. Casi el 90% de los hogares rurales presentan algún tipo de riesgo sanitario en el agua que consumen y 289 municipios han sido declarados con alto o muy alto riesgo sanitario.
El agua no tratada puede provocar diarrea, que ocasiona el 7,3% de la mortalidad infantil en Colombia.
Cada día, los ríos y mares colombianos reciben contaminantes que desestabilizan el ciclo del agua y perjudican su calidad, con efectos negativos para la salud humana, la naturaleza y la conservación. Las actividades agropecuarias, la deforestación, la minería ilegal, la sobrepesca y la ineficiencia en el tratamiento de aguas sanitarias son algunas de las principales causas de la contaminación del agua en el país. Estas son agravadas por el aumento de la temperatura global y los fenómenos climáticos como El Niño y La Niña.
Las cifras son alarmantes: el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) reporta que los ríos colombianos reciben 756.945 toneladas de desechos biodegradables y 918.670 toneladas de materia orgánica no biodegradable cada año.
Los químicos derivados de las actividades industriales y agropecuarias como fertilizantes y plaguicidas aportan la mayor carga contaminante. Sin embargo, la mala gestión de las aguas sanitarias en el país apunta al sector doméstico como un gran contaminador.
En Colombia, según datos del Banco Mundial, sólo se trata el 42.8% de las aguas residuales lo que explica el aporte de los hogares a la contaminación de los ríos. Aunque muchas de las plantas de tratamiento existentes funcionan de forma deficiente, el porcentaje de aguas tratadas está en el promedio de América Latina. En México, por ejemplo, solo el 57% de las aguas de drenaje son tratadas, y más de la mitad de las plantas de tratamiento presentan un funcionamiento deficiente. El país que mejor administra las aguas residuales es Chile, con un 89% de las aguas tratadas de forma segura.
Incluso a nivel energético se percibe una ineficiencia operativa. Según el mismo informe del Banco Mundial, la infraestructura de represas y canales en Colombia se encuentra en decadencia. Alrededor del 75% de la capacidad instalada no funciona correctamente.
Además, en Colombia se liberan entre 50 y 100 toneladas de mercurio a los ríos anualmente como producto de la minería ilegal, la mayor cifra per cápita de mercurio en el agua a nivel mundial. Exclusivamente en la cuenca del río Atrato y sus afluentes se registró una concentración de mercurio de 13 partes por millón, un indicador doce veces mayor al límite internacional fijado para evitar riesgos de salúd. Más de 200.000 personas se encuentran afectadas por este potencial de intoxicación en el departamento de Chocó, como lo mostró el documental realizado por La Silla sobre este tema.
Esto, combinado con la deforestación de 280 mil hectáreas de bosque cada año, augura un futuro incierto para el agua en Colombia. La selva amazónica es el ecosistema más afectado: Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo concentran casi el 80% de las hectáreas derribadas.
En conclusión, queda mucho por hacer.
La evidencia académica confirma que las aproximaciones basadas en la gestión comunitaria mejoran el manejo y conservación del agua en países de ingresos bajos y medios en Asia, África y América Latina. También se destacan esfuerzos regionales, tal como el Proyecto Federal Interáguas propuesto por Brasil que, al igual que Colombia, se enfrenta a la ineficiencia institucional de un sector hídrico manejado por organismos fragmentados con poca autoridad.
Este proyecto logró reunir a los organismos federales más importantes del sector hídrico en Brasil para establecer unos marcos comunes de reforma y fortalecimiento institucional. Eso mejoró la coordinación entre instituciones y aumentó el acceso y la calidad del agua.
Invertir en el agua resulta beneficioso para Colombia y el mundo, tanto en términos ambientales como económicos.
El Banco Mundial estima que por cada dólar invertido en servicios de agua y saneamiento hay un retorno de 4,3 dólares, sobre todo porque se gasta menos en problemas de salud y se potencia la generación eléctrica. Los cálculos indican que este tipo de inversiones impulsan el crecimiento del PIB mundial en 1.5 puntos porcentuales.
Dada la riqueza de agua que hay en Colombia, el potencial de mejora es inmenso. El primer paso ya se dio: sentir que no es recurso infinito.
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