En una anterior columna de Opiniones desde el CESU, Silvano Biondi abría el debate en torno a un problema central: la presencia cotidiana de las violencias en nuestra sociedad. Y es que, las mismas se han como forma priorizada de interrelacionamiento ciudadano. El dicho popular de “wawa que no llora, no mama” ha convertido al ‘llanto’ en actitudes ciudadanas que constantemente buscan imponer sobre “los otros” —y de manera agresiva en la mayor parte de los casos—, opiniones, posturas y demandas propias (muchas veces amparadas por la noción de legitimidad) [basta ver lo ocurrido a partir (amenazas de bloqueos), y en el marco del último congreso de un partido político ahora dividido].
Para el caso de la Región Metropolitana de Cochabamba, dos encuestas realizadas por diferentes centros de la UMSS (2015 y 2022), nos permiten comprobar el incremento de las violencias como forma de convivencia. Por dar algunos ejemplos: Entre las estrategias de protección de vivienda ante la inseguridad, si en 2015, 36% de los encuestados priorizaban la seguridad vecinal, en 2022, la importancia de recurrir a la seguridad vecinal ha disminuido (a 11%), siendo reemplazado por la instalación de cámaras o cercos eléctricos, a saber, la utilización de dispositivos de vigilancia. Ello está relacionado con el hecho de que la confianza interpersonal ha ido paulatinamente decreciendo, lo que ya resultó visible en la Encuesta Mundial de Valores (Moreno, 2018) que mostraba a Bolivia como el país con menor confianza interpersonal. En el caso Cochabambino, si en 2015, sólo 29% de los encuestados argumentaba no tener confianza en la seguridad vecinal, en 2022, casi la mitad de la población encuestada (48%) muestra esa disposición. Si a ello se suma el incremento de la desconfianza en las organizaciones públicas (policía, u otras encargadas de la seguridad) o incluso en las privadas (seguridad privada), se tiene un escenario en el que el sentimiento de inseguridad se profundiza, de ahí que más del 60% de los encuestados considera que la inseguridad se ha incrementado en los últimos años.
Ello a su vez explica que las personas estén dispuestas a recurrir a actos violentos tanto frente a los conciudadanos como a los gestores públicos. En 2022, 57,9% de los encuestados declaraba estar algo o muy de acuerdo con recurrir a la violencia en caso de sentirse amenazado y 49% aprobaba ‘la toma de instituciones, tapiado y retención de funcionarios de entidades públicas en caso de presunta corrupción o incumplimiento de funciones y deberes’.
Estos ejemplos permiten ir respondiendo a la pregunta lanzada por Biondi a partir de ciertas constataciones: 1) la desconfianza en los considerados “otros” promueve una tendencia hacia su vigilancia, control y/o punición (p.e. linchamientos); 2) este vigilantismo está sustentado en acciones colectivas violentas; cuanto más numeroso el grupo, mayor agresividad en unas acciones que están, a su vez, revestidas de “anonimidad” al ampararse en lo colectivo, y 3) todo ello está acompañado de otras formas de violencias, en muchos casos estructurales, sean económicas (vinculadas a vulnerabilidades de distinto tipo), medioambientales o político-culturales (traducidas en intolerancia frente al que es o piensa diferente).
La idea de “contrato social” ha sido paulatinamente remplazada por el sometimiento de las minorías ante las mayorías, obstaculizando la construcción de una comunidad sustentada en el respeto al otro —en su diferencia— y el aprovechamiento —o consolidación— de lo “común”.
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