En este mundo, la información se difunde más rápido que la luz, y con su velocidad a través de las redes sociales me llegó un video de un conocido periodista económico que desgrana una historia que despierta en cualquier mortal algo más que miedo y confusión.
El comentarista con una seguridad sorprendente ha propagado la idea de que el gobierno actual planea expropiar propiedades privadas (casas, edificios, departamentos, etc.) que no cumplen con un “fin social”. En el video, se cuelgan unas imágenes de Hugo Chávez pronunciando la orden más desgraciada: “Exprópiese”. Para mí, el mensaje cae muy bien en la definición de una conjetura improbable. Sin embargo, lo que este mensaje no revela es que muchos de los políticos masistas en el Gobierno son, en realidad, los grandes y nuevos propietarios de tierras y bienes.
Primero, es esencial entender qué significa la expropiación o confiscación, como denomina el periodista. En términos sencillos, es cuando el Gobierno toma la propiedad privada para usarla en beneficio del público en general, en suma, la comunidad. Se expropia para construir una escuela o un hospital, o algo en beneficio colectivo. Aunque esto suena justo en teoría, el temor surge cuando no está claro qué se considera “fin social” y cómo se aplicaría esta norma. Aquí entra la figura apocalíptica: “Vamos a expropiar una vivienda del “ciudadano X” para dar vivienda al “ciudadano Y”. Esta afirmación en Bolivia nadie, y menos los nuevos propietarios azules, está en condiciones de tolerar.
Algunos políticos de oposición, que están difundiendo estos rumores, parecen tener una agenda oculta para poner en duda la frágil estabilidad del Gobierno. Al infundir miedo, intentan proteger sus propios intereses, pero no se dan cuenta de que los principales interesados en resguardar su propiedad son los mismos gobernantes que poseen una cantidad significativa de propiedades. Este acto de señalar al Gobierno podría ser una táctica para desviar la atención de sus propios intereses inmobiliarios, pero no se dan cuenta de que Bolivia es un país casi loteado por completo en el que ya queda tardía la idea de expropiar inmuebles, si lo que sobran son propietarios, incluidos los famosos “sin tierra”, que tienen más intereses especulativos que los propios socialistas del siglo XXI.
Es importante preguntarnos: ¿Por qué estos políticos están tan preocupados? Si sus propiedades están bien administradas y cumplen una función social verdadera, como proporcionar vivienda o servicios, no deberían temer a las leyes de expropiación justas. La crítica aquí no es a la idea de la expropiación en sí, que puede ser una herramienta útil para el desarrollo social y económico, sino al uso de la desinformación para sembrar miedo por razones egoístas. Más parece una competencia entre los nuevos ricos que se envidian mutuamente la magnitud de sus propiedades.
Lo que a la mayoría no parece importar es que este tipo de afirmaciones sin fundamento sobre los supuestos planes de confiscación puede tener efectos dañinos en la sociedad. Generan desconfianza y temor entre los ciudadanos, lo que puede llevar a la polarización odiosa entre propietarios. Cuando las personas están asustadas, es más difícil trabajar juntos hacia soluciones reales, por eso el Gobierno debería esparcir algo de tranquilidad y descalificar esas conjeturas improbables sobre las confiscaciones.
En general, los bolivianos hemos estudiado para ser críticos con la información que recibimos. Después de 20 años de gobierno masista, hemos aprendido a investigar, preguntar y entender realmente los hechos antes de formar una opinión. Por eso ya dudamos de la veracidad de los videos y memes que circulan por las redes. Después de la experiencia de octubre de 2019, evitamos que el miedo guíe nuestras decisiones; ahora buscamos la verdad detrás de las palabras y nos aseguramos de que nuestras decisiones estén basadas en la realidad, no en sombras creadas por aquellos con agendas ocultas para destronarse entre sí.
Más allá del miedo y la manipulación, ésta es la oportunidad de informarnos sobre cómo las leyes y políticas en Bolivia que regulan la expropiación pueden servir mejor al interés público, porque si los operadores del actual Gobierno están preparando unas leyes para expropiar y confiscar como castigo político, según la advertencia del periodista, ya es hora de que develen sus intenciones, porque con la misma vara puede que sean medidos. Por ahí alguien no sabe: en Bolivia la propiedad privada es sagrada, por eso no prospera ni prosperará el socialismo ni el comunismo. Punto.
El temor a la expropiación o la confiscación
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28.04.2024
En este mundo, la información se difunde más rápido que la luz, y con su velocidad a través de las redes sociales me llegó un video de un conocido periodista económico que desgrana una historia que despierta en cualquier mortal algo más que miedo y confusión.
El comentarista con una seguridad sorprendente ha propagado la idea de que el gobierno actual planea expropiar propiedades privadas (casas, edificios, departamentos, etc.) que no cumplen con un “fin social”. En el video, se cuelgan unas imágenes de Hugo Chávez pronunciando la orden más desgraciada: “Exprópiese”. Para mí, el mensaje cae muy bien en la definición de una conjetura improbable. Sin embargo, lo que este mensaje no revela es que muchos de los políticos masistas en el Gobierno son, en realidad, los grandes y nuevos propietarios de tierras y bienes.
Primero, es esencial entender qué significa la expropiación o confiscación, como denomina el periodista. En términos sencillos, es cuando el Gobierno toma la propiedad privada para usarla en beneficio del público en general, en suma, la comunidad. Se expropia para construir una escuela o un hospital, o algo en........
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