El debate sobre políticas industriales y su retorno al centro de las políticas públicas ha devenido en tema relevante. El argumento principal es la capacidad de la industria para generar mejores niveles de bienestar, ocupación de calidad y fortaleza para acelerar la innovación. El peso del sector es muy importante, ya que genera el 30% del PIB mundial, al que si le sumamos los servicios directos en ámbitos financieros o informáticos puede llegar al 35%, y en países como China, casi al 50%.
Este retorno a la industria se da como consecuencia de diversos factores, entre los que destaca el aumento de los costes donde se deslocalizó la producción, los costes energéticos y de movilidad generados, la pérdida de independencia tecnológica y capacidad de innovación y la necesidad de regenerar ocupación en los países de origen. Una sociedad sin política industrial genera economías de bajo valor añadido, baja renta per cápita, incremento de la desigualdad y disminución de los ingresos fiscales de empresas y contribuyentes.
El debate se sitúa en qué han de hacer los Estados para desarrollar y estimular dichas políticas, entre los cuales tenemos la experiencia actual de EE UU con la respuesta del Gobierno de Joe Biden y los que no han dejado este sector de la economía como China, Corea y Japón, y Alemania en Europa.
Es obvio que los países que pretenden mantener un nivel de PIB alto, un posicionamiento estratégico en el desarrollo económico y una ocupación de calidad necesitan un tejido industrial fuerte e innovador.
Las corrientes neoliberales se oponen argumentando que la participación del Estado conlleva burocracia y regulaciones, que no es objetiva ni justa en la distribución de recursos, que coarta la libertad de crecimiento por los controles ambientales y que es una intromisión que va contra el orden del mercado y desincentiva la competencia.
La política industrial, que implica subsidios específicos, incentivos fiscales y regulaciones para el crecimiento de los sectores estratégicos, se enfrenta a este modelo neoliberal. El cambio en el modelo productivo requiere una participación del Estado tanto en estímulos como en procesos regulatorios y, sobre todo, por el valor estratégico derivado de la industria 4.0, especialmente la inteligencia artificial, la automatización y la robótica.
Y de cara a los retos del cambio climático, una intervención pública es necesaria para garantizar los proyectos de descarbonización fundamentales, ya que la industria es responsable del 22% de las emisiones, lo que significa que el proceso de reindustrialización debe ir acompañado de una apuesta por la sostenibilidad, la economía verde y de nuevas economías asociadas a la transición ecológica.
Los retos son importantes y cabría definir una cierta hoja de ruta para acelerar el retorno a las políticas industriales en las que el Estado tiene un papel clave por su implicación social, ambiental, tecnológica, con algunas medidas concretas:
El gran desafío es desarrollar políticas industriales que no fracasen o entren en procesos sometidos a los juegos de poder, los enredos de la burocracia, o el simple oportunismo de los intereses partidarios, superando miradas cortas o presiones de oligopolios, conglomerados industriales y grupos de presión, trabajando por un modelo que potencie un crecimiento inclusivo, sostenible, descarbonizado y de bienestar colectivo.
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