En el contexto actual, el papel del Estado como simple poseedor de activos, con el objetivo de mantener posiciones estratégicas o el de defender áreas históricas de intervención económica, presupone una actuación muy alejada de sus potencialidades. Este país no puede permitirse no revisar esta situación.
Una acción para modernizar el modelo debería afectar tanto al sector público empresarial como al ámbito regulatorio. Al mismo tiempo, las condiciones de los mercados plantean nuevas necesidades al Gobierno a la hora de configurarlos.
En cuanto al sector público empresarial, la necesidad de reformarlo es perentoria. El volumen de recursos que maneja (Enagás, CaixaBank, Aena, Redesa, Sareb); el que tiene capacidad de gestionar (Correos, Renfe, Paradores, Tragsa); o los que en el futuro puede gestionar (Telefónica, Autopistas, además del conjunto de las demás empresas de la SEPI) exigen una visión actualizada que formalice su gobernanza, potencie su trasparencia y comprometa una pautada rendición de cuentas.
Debemos articular una moderna arquitectura para que la tenencia eficiente de este conjunto de activos se convierta no solo en una necesidad, sino en una obligación. Agrupar este conjunto de intereses, conocer y participar en su futuro, supone responsabilizarse de un poder considerable. Hay que asumir su ejercicio y consecuencias sea cual sea el escenario, el modelo elegido o el momento político.
¿Cómo gestionar esta propiedad? Una opción pasaría por organizarla alrededor de una Corporación que propicie, desde la continuidad de las participaciones, la trasparencia y la rendición de cuentas del conjunto. A plazo, pone en el mercado las empresas que hoy no lo están. En paralelo, consolida los fondos generados, formaliza su política de inversiones y puede construir un modelo de capital para futuras generaciones, al estilo del fondo noruego Norges.
Personas capaces
Los conocimientos de gestión en general, y los propios para cada una de las empresas, implican que la incorporación de miembros en los consejos, ya sea en la Corporación o en sus participadas, deban estar cualificados para ejercer con experiencia, capacidad técnica y calidad, su papel en los órganos de gobierno, supervisando la acción empresarial y trasladando a la propiedad su trayectoria.
El fulcro para realizar un proyecto de esta envergadura se apoya en la calidad e independencia de sus gestores y en su desvinculación del devenir político del país. En todo caso, tanto en la Corporación como en las empresas, el nombramiento y duración de mandatos del presidente y de los miembros del Consejo de Administración debe ajustar la gobernanza a un nivel semejante al del Banco de España.
Pero esta propuesta solo adquiere todo su valor si va acompañada de una adecuada reforma de la Administración Pública de tutela, pues una actuación ineficiente de los órganos reguladores en los mercados incide de forma específica y contundente en el sector público empresarial, además de en el privado.
Unos reguladores cambiantes en las cúpulas, derivados de los cambios políticos, es un claro defecto de la articulación actual. En el actual ciclo político de Gobierno progresista hay ministerios que, en cinco años, en el nivel comprendido entre el ministro y los directores generales, solo se han mantenido en el cargo dos personas, y en las áreas clave, se han realizado varios cambios.
Cesión de poder
La impronta de la regulación pública exige un nivel de continuidad, conocimiento y experiencia que el modelo en curso penaliza. La experiencia internacional avala un cambio organizativo que conlleva cesión de poder de gestión, por la vía de la consolidación de la continuidad en los servicios en los niveles superiores de los cargos técnicos. La política produce entonces nombramientos hasta el nivel de subsecretario.
Con decisiones técnico-políticas adoptadas con argumentos independientes, asesoramiento institucional y un papel activo de la sociedad civil se pueden proteger mejor que en la actualidad los intereses generales.
Por un sector público de calidad
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02.02.2024
En el contexto actual, el papel del Estado como simple poseedor de activos, con el objetivo de mantener posiciones estratégicas o el de defender áreas históricas de intervención económica, presupone una actuación muy alejada de sus potencialidades. Este país no puede permitirse no revisar esta situación.
Una acción para modernizar el modelo debería afectar tanto al sector público empresarial como al ámbito regulatorio. Al mismo tiempo, las condiciones de los mercados plantean nuevas necesidades al Gobierno a la hora de configurarlos.
En cuanto al sector público empresarial, la necesidad de reformarlo es perentoria. El volumen de recursos que maneja (Enagás, CaixaBank, Aena, Redesa, Sareb); el que tiene capacidad de gestionar (Correos, Renfe, Paradores, Tragsa); o los que en el futuro puede gestionar (Telefónica, Autopistas, además del conjunto de las demás empresas de la SEPI) exigen una visión actualizada que formalice su gobernanza, potencie su trasparencia y comprometa una pautada rendición........
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