El Gobierno de Maduro anunció el adelanto de las elecciones presidenciales para el 28 de julio, y de acuerdo al calendario electoral anunciado por el CNE, las diversas organizaciones apenas contarían con veinte días para inscribir candidatos. Por el espectro a izquierda del gobierno prácticamente no tendría posibilidad ningún candidato de presentarse, por las proscripciones de hecho. La más reciente ha sido la de Andrés Giuseppe del Movimiento Político Profesionales de Venezuela.
Giuseppe, que se propuso asistir al llamado que hizo el gobierno -a través de la Asamblea Nacional- a discutir con los sectores interesados el cronograma electoral, y al que no lo dejaron entrar, declaraba que: “Es tan así que los invitados son Fedecámaras, todos los empresarios que son amigos de la renta petrolera, todos están chupando los que están invitados, la mayoría de los que están allí son los empresarios que están disfrutando de la miel ahorita de la distribución de la renta petrolera desigual…”
La proscripción partidos o inhabilitación de candidatos y organizaciones políticas es una práctica ya común por parte del Gobierno de Maduro, en función de su sostenimiento en el poder. Una práctica que corre en simultáneo con la violación de otros derechos democráticos elementales, como el derecho a la protesta, a la huelga, a la organización sindical, entre otros.
El gobierno de Maduro va golpeando de acuerdo a sus necesidades del momento, proscripciones e inhabilitaciones que unas veces golpean a la oposición patronal proimperialista, como vimos en el caso de la reaccionaria derechista María Corina Machado, y otras golpean a quienes se le oponen por izquierda, como ha hecho recientemente con el Partido Comunista de Venezuela (PCV), al arrebatarle su legalidad, y reconocer a un grupo fin y quedarse con las siglas de dicha organización.
Organizaciones de centroizquierda como es el caso del Movimiento Popular Alternativo de Manuel Isidro Molina han corrido la misma suerte que el Movimiento Político Profesionales de Venezuela, quienes también hace más de un año y medio solicitaron su reconocimiento como partido y poder participar en los comicios electorales. Manuel Isidro Molina, que ha venido haciendo campaña postulándose como candidato presidencial y ahora se postula candidato del recién constituido Encuentro Popular Alternativo (EPA), muy probablemente se le verán frustrados sus objetivos de participar electoralmente, dada esta política proscriptiva.
Cuando a fines de 2020 surgió la APR, alrededor de partidos del chavismo crítico, el gobierno llevó a cabo una ofensiva de intervenciones judiciales de esos partidos (Tupamaro, UPV, PPT) para impedirles presentarse electoralmente. Cuando Eduardo Samán quiso postularse en 2021 a la Alcaldía de Caracas, usaron contra él el recurso de la inhabilitación política.
Tiempos atrás, cuando Marea Socialista tenía la posibilidad de optar a la legalidad, se la negaron “porque sí”, por pura decisión política de impedirles tener figura legal. El PSL fue, como tantos otros, víctima de las condiciones impuestas para la renovación de legalidad electoral, que solo favorecía a los grandes aparatos burgueses, bien fueran opositores o el PSUV. Incluso cuando partidos chavistas y de centroizquierda, como REDES (de Juan Barreto), sí lograron superar las restrictivas condiciones, de todos modos, les impidieron la renovación.
Tanto el adelanto precipitado de las elecciones como todo este tipo de medidas, forman parte de las maniobras autoritarias acostumbradas por el gobierno de Maduro para diseñar las elecciones a su medida, para habilitar e inhabilitar a placer, según le convenga. Un gobierno capitalista caracterizado por aplicar ajustes que destrozaron como nunca el salario, los derechos laborales y las condiciones de vida del pueblo trabajador, operando un curso reprivatizador y entreguista al capital transnacional, acompañado todo esto de coacción y represión a los trabajadores y comunidades, llegando a tener más de un centenar de trabajadores y trabajadoras encarcelados por luchar o por negarse a las corruptelas de la casta gobernante.
Una vez más llamamos a la defensa de los derechos democráticos, rechazando toda restricción a las libertades democráticas, a las proscripciones políticas. Basta de la intervención del Estado en las organizaciones políticas. Por el pleno de derecho de organización y participación política.
El Gobierno de Maduro continúa proscribiendo a quienes se le oponen por izquierda
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13.03.2024
El Gobierno de Maduro anunció el adelanto de las elecciones presidenciales para el 28 de julio, y de acuerdo al calendario electoral anunciado por el CNE, las diversas organizaciones apenas contarían con veinte días para inscribir candidatos. Por el espectro a izquierda del gobierno prácticamente no tendría posibilidad ningún candidato de presentarse, por las proscripciones de hecho. La más reciente ha sido la de Andrés Giuseppe del Movimiento Político Profesionales de Venezuela.
Giuseppe, que se propuso asistir al llamado que hizo el gobierno -a través de la Asamblea Nacional- a discutir con los sectores interesados el cronograma electoral, y al que no lo dejaron entrar, declaraba que: “Es tan así que los invitados son Fedecámaras, todos los empresarios que son amigos de la renta petrolera, todos están chupando los que están invitados, la mayoría de los que están allí son los empresarios que están disfrutando de la miel ahorita de la distribución de la renta petrolera desigual…”
La proscripción partidos o inhabilitación de candidatos y organizaciones políticas es una........
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