Cuando la Corte Penal Internacional, autorizar al fiscal Karim Khan para que, a partir del 1 de marzo, continúe las pesquisas por crímenes de lesa humanidad del Estado venezolano; parece más una maniobra jurídica-política de los jueces, con la que pretenden levantar el prestigio, por su inoperancia contenciosa frente a la demanda de Sud África por un juicio imparcial a Israel, por el bestial genocidio de civiles gazatíes realizado por el ejército israelí.

Después de las desamparadas resoluciones, que dejan intocable el continuado y reiterado asesinato masivo de palestinos. Aquí está el caso venezolano; para demostrar que la CPI, está interesada en resolver y enjuiciar a los estados que infringen los derechos humanos.

Claro que decir que esto es una maniobra; no significa dejar pasar las violaciones a los derechos de los ciudadanos venezolanos cometidos por el gobierno de Maduro; ni concederles franquicia a los crímenes estatales; sino que, reconocer que, así como Netanyahu puede desconocer las resoluciones del tribunal; Maduro podría apelar con nuevos argumentos adaptados a esta fase preliminar de las pesquisas y dilatar la investigación o, hacer como Netanyahu.

Pero, quien va a creer en lo que haga la CPI en Venezuela, si viene cargando con esos juicios amañados, como el de la mentira del uso de armas de destrucción masivas que condujo a la ejecución de Saddam Hussein; el de violación de derechos humanos de etnias, atribuido a Slobodan Milosevic, asesinado en las cárceles de la Haya o, las violaciones a los derechos civiles, imputadas Kadafi que terminó en un brutal magnicidio y destrucción de la Yamahiriya.

Y ahora, que se quedan inmóviles ante el continuado genocidio de palestinos en Gaza y Cisjordania, cometido por Netanyahu y sus fuerzas armadas.

Con que fuerza moral, con que rectitud jurídica y confianza política cuenta la CPI, para enjuiciar al Estado venezolano.

Creo que las cuestiones relativas a los derechos de los venezolanos; tienen que resolverlas los venezolanos. ¿Cómo?

NO SÉ.