A propósito de la que se ha publicitado- transversalmente- como la peor crisis en materia de seguridad pública en la historia chilena, las dirigencias políticas comunales han exhibido algunos comportamientos y declaraciones que distan mucho de la claridad que debiesen tener los alcaldes y alcaldesas.
Si bien existen importantes avances en términos académicos respecto del fenómeno delictual, los cuales han contribuido al fortalecimiento de la discusión sobre políticas públicas en materia de seguridad, pareciera ser que esto no ha llegado a manos de los ediles comunales.
Hemos sido testigos privilegiados de alcaldes y alcaldesas que, indistintamente la ideología que dicen profesar, han propuesto medidas que no parecen estar acompañadas de evidencia o evaluaciones serias, como la intervención de militares en el control del fenómeno delictual.
Y, en otros casos, han decretado Estado de Emergencia para justificar medidas que exceden, en todo caso, el quehacer municipal.
En primer lugar, el involucramiento de las Fuerzas Armadas en las políticas de seguridad pública se ha estudiado y debatido, con unívocas respuestas: es errático disponer de una institución preparada para la guerra y la defensa nacional en la persecución del fenómeno delictual. ¿Las consecuencias? Desastrosas.
Hace solo un par de días nos tocó ser testigos de la solicitud de Christopher White, alcalde de San Bernardo y militante del Partido Socialista. Propuso que fuesen los militares quienes se encarguen del resguardo del espacio público, cumpliendo claras funciones en materias de control delictual.
Esta idea rotulada como uno de los mayores fracasos en materia de seguridad y, que en muchos casos, lejos de contribuir terminó germinando un aumento de la violencia y la inseguridad de las comunidades intervenidas.
Además, cuentan con el triste registro de la multiplicación de las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos, aumento de la criminalidad organizada y traspaso de ex militares a organizaciones criminales. Incluso la transferencia de armas, información y otros recursos a las bandas criminales.
Lo anterior responde a que, obviamente, la formación militar ha estado focalizada en otras áreas, que tienen que ver con la defensa nacional. Para enfrentarse al fenómeno delictual, Chile ha desarrollado una tradición de organizaciones policiales que- al margen de debates de reformas y/o modernización-, han restringido sus funciones a prevenir, controlar e investigar el delito, al menos desde hace 30 años.
El mismo general (R) Ricardo Martínez ha sido claro en afirmar que la participación de militares en el problema delictual no es algo apropiado.
Esta discusión invita a reflexionar sobre los recientes casos de La Reina y La Florida, cuyos alcaldes, en un franco arrebato del más extremista de los populismos penales, decretaron la Emergencia Comunal a propósito del problema delictual. Creando así, una figura institucional que viene a situar como propuestas innovadoras algunas medidas que ya existen en los gobiernos locales, y medidas que son irrealizables, por razones institucionales y materiales.
El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, ha planteado, al menos tres medidas, que son confusas:
– Reasignación presupuestaria: Las modificaciones presupuestarias son materias de discusión cotidianas en los Concejos Municipales de todo el país.
– Por otra parte, el despliegue y copamiento de los vehículos comunales de seguridad y prevención es una competencia totalmente discrecional de las Direcciones de Seguridad. Es decir, si un municipio tiene los recursos y la intención, puede cubrir cualquier sector de su territorio,
– Contratación de funcionarios de Carabineros o Investigaciones en retiro: Es una práctica común en buena parte de las municipalidades. De hecho, hay equipos que destacan porque la mayoría de los funcionarios patrulleros de Seguridad Pública son ex uniformados, como el caso de Cerro Navia.
El resto de las medidas de Carter no tienen organicidad, y solo tienen que ver con la disposición de vehículos y organización en el copamiento del territorio por parte de estos equipos.
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Sin embargo, la que llama especialmente la atención, es la “innovación” con la que José Manuel Palacios, alcalde de La Reina, estaría delegando funciones asociadas a la gestión de la seguridad pública a la comunidad local.
Posteriormente, el edil tuvo que retroceder. Aclaró que la comunidad solo estaría a cargo de un rol comunicacional, en este contexto. Esto es complejo, porque las medidas de excepcionalidad constitucional suponen una disposición diferente por parte de la autoridad política hacia las organizaciones policiales y militares, potestades que, en todo caso, no están en el radio del poder alcaldicio.
Acá el riesgo de los enfrentamientos entre civiles, la falta de debido proceso, y el riesgo para las personas que podrían involucrarse en conflictos entre pares es inminente. Y, una vez más, la evidencia nos ha entregado información relevante sobre el trágico fracaso de este tipo de acciones, en casos como México y Ecuador.
Todas las medidas anteriormente propuestas por estos jefes de servicios municipales gozan más de un ímpetu mediático más que de una efectividad real, empírica y, por tanto, política.
Finalmente, todas estas propuestas no obedecen única y exclusivamente a la ignorancia, más bien se sustentan en un objetivo aún más dañino: impedir que este debate tome los ribetes de seriedad necesarios a fin de que la sociedad en su conjunto no pueda construir una comprensión del fenómeno delictual que lo acecha y lo aqueja.
Sharun Uttamchandani
Cientista político
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