Irlanda está haciendo una operación a corazón abierto en su sistema sanitario. Los planes para pasar de un modelo estadounidense de seguro a una oferta universal similar a la de Reino Unido son audaces y caros, pero Dublín tiene el dinero y la voluntad política. Cualquier país que se plantee cambios igual de radicales necesitará fortaleza fiscal y consenso público para aumentar las posibilidades de éxito.
Si un Gobierno tuviera que construir un servicio nacional de salud desde cero, ¿cómo sería? Irlanda está a punto de dar la respuesta. Quiere formar un sistema basado en las necesidades clínicas de los pacientes, no en su capacidad de pago, muy parecido al antaño admirado pero ahora problemático Servicio Nacional de Salud británico.
Irlanda tiene un sistema de dos niveles desde 1957. Según el plan original, los ciudadanos de a pie utilizaban los gratuitos servicios públicos, mientras que la aseguradora VHI Healthcare, respaldada por el Estado, ofrecía cobertura al 15% de mayores ingresos a cambio de una cuota. A lo largo de los años, la proporción de ciudadanos que usan seguros privados ha crecido a medida que la gente buscaba protección frente a los crecientes tiempos de espera. En 2022, el 47% de la población utilizaba seguros privados, pagando unos 120 euros al mes a compañías como VHI, Laya Healthcare e Irish Life Health.
El modelo de seguro ha demostrado ser ineficiente. Pese a que casi la mitad de la población está cubierta por estas compañías, los seguros solo sufragan el 12% de los gastos sanitarios del país. El Estado y algunos pagos directos costean el resto de la factura anual, cercana a los 29.000 millones. El sistema también ha exacerbado la sensación de desigualdad, porque quienes pueden permitirse un seguro reciben tratamiento rápido, mientras que quienes no lo tienen afrontan largas esperas. En 2023, casi 500.000 personas superaron los tiempos máximos de espera fijados por el Gobierno para citas ambulatorias y endoscopias.
Para solucionar estos problemas, Dublín ideó Sláintecare, de la palabra irlandesa para salud. El plan, presentado por primera vez en 2017 y cuya aplicación está prevista para 2030, consiste en crear un sistema universal gratuito en el punto de prestación para todos los pacientes. Como parte de la reforma, se recuperarían camas en los hospitales públicos de manos de las aseguradoras privadas, una medida clave diseñada para ampliar la capacidad y reducir las listas de espera. El nuevo sistema también podría dar más peso al Estado al negociar los precios de los medicamentos. Eso, a su vez, podría reducir el gasto de Irlanda en productos farmacéuticos, el tercero más alto per cápita de Europa en 2018, según la OCDE. Con una mayor oferta estatal, los salarios del personal médico podrían bajar, ya que habría menos competencia de las aseguradoras privadas, que ofrecen salarios más altos.
Para que la transición funcione, se animará al personal que trabaja en el sistema privado a pasarse al nuevo modelo público. A finales de 2022, el Gobierno había contratado a más de 16.200 personas en dos años, entre ellas 4.600 enfermeras y matronas, 2.650 sociosanitarios y más de 1.750 médicos y dentistas. El Estado prevé contratar a otros 1.000 especialistas de aquí a 2030, y ofrece un salario base de hasta 261.000 euros al año por una semana laboral de 37 horas. Es una oferta generosa, si se tiene en cuenta que los mejores especialistas de Reino Unido solo pueden ganar un máximo de 150.000 euros.
Si tiene éxito, Sláintecare podría servir de modelo a otros Gobiernos con sistemas centrados en los seguros que luchan por hacer frente a los crecientes costes sanitarios y al envejecimiento, como Alemania. EE UU también podría aprender del experimento irlandés.
La mayor economía gasta el 19% de su PIB en sanidad, casi el doble que la media de los 38 países de la OCDE. Pese a este desorbitado gasto, en 2020 la esperanza de vida al nacer en EE UU era de 76 años, cinco por debajo de Reino Unido, según Commonwealth Fund. La mortalidad materna en EE UU es más del doble de la media de la OCDE, y la mortalidad infantil también está muy por encima.
Todo país que quiera copiar los ambiciosos planes de Irlanda necesitará dos ingredientes clave. El primero es la voluntad política. La visión irlandesa contó con el respaldo de los principales partidos, que formaron un comité parlamentario multipartidista. Este acuerdo entre políticos con puntos de vista a menudo muy opuestos sobre economía, vivienda y fiscalidad pretendía eliminar cualquier amenaza para la futura financiación de la sanidad, pese a algunas críticas de la profesión médica.
Al otro lado del Atlántico, empero, la financiación de la sanidad es un tema profundamente polarizador incluso dentro de los dos grandes partidos. Otro obstáculo es el poderoso lobby de las aseguradoras, que amenaza a menudo con cortar las donaciones a los políticos si perjudican económicamente a empresas como UnitedHealth.
El segundo recurso fundamental es el dinero. Sláintecare podría costar hasta 20.000 millones, es decir, en torno al 3% del PIB de los 10 primeros años, según la Asociación de Especialistas Hospitalarios Irlandeses. Para Irlanda, el dinero no es un problema. En 2022, Dublín disfrutó de un superávit récord de más de 8.500 millones, el 1,7% del PIB. Esa fortuna fiscal procede en gran medida de una multitud de multinacionales de EE UU, como Meta, Alphabet, y Apple, que tienen su sede en Irlanda para beneficiarse de su bajo tipo del impuesto de sociedades.
EE UU, con un déficit del 8,8% del PIB en 2022, está en una situación mucho más difícil. Se espera que las cuentas del Gobierno federal estén en números rojos por valor de al menos el 7% del PIB hasta 2028, según el FMI.
Aunque cuente con el respaldo político y los recursos necesarios, los audaces planes de Irlanda están plagados de peligros. El lamentable estado del Servicio Nacional de Salud británico, que afronta tiempos de espera récord para pruebas de detección de cáncer, cirugías y servicios de urgencias, es un cuento con moraleja. Décadas de falta de inversión por parte de los sucesivos Gobiernos han dejado al sistema británico desprovisto de personal, equipos y la buena voluntad de los pacientes.
Al igual que en Reino Unido, la población irlandesa envejece y requiere un flujo constante de personal cualificado dispuesto a trabajar por salarios relativamente bajos. Este reto se ha visto agravado por la pandemia, que provocó un éxodo de trabajadores en busca de mejores condiciones laborales y salariales. Irlanda forma cada año a unos 750 médicos irlandeses y europeos, pero en 2022 442 emigraron a Australia, según el Real Colegio de Cirujanos de Irlanda. Para invertir esta marea y asegurarse de que no se desintegra como el NHS, el nuevo modelo necesitará una amplia financiación.
Puede que a EE UU y otros países les cueste adoptar cambios tan drásticos, pero con los costes sanitarios disparándose en todo el mundo y los países luchando aún contra el impacto del Covid, mirarán el cambio sanitario de Irlanda con una mezcla de envidia y esperanza.
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