La decisión del Gobierno de eliminar las golden visa ligadas a la compra de inmuebles por valor de más de 500.000 euros supone poner fin a un mecanismo que ha sido ampliamente cuestionado y que resulta problemático por varias razones. Los visados de oro, regulados en España desde 2013, permiten obtener permisos de residencia a extranjeros que realicen una inversión significativa en el país, ya sea mediante la compra de inmuebles, la adquisición de acciones o participaciones en una empresa, los depósitos bancarios o fondos de inversión en entidades españolas, la deuda pública y los proyectos empresariales considerados de interés general. La decisión del Gobierno se refiere, a priori, solo a los visados relacionados con la vivienda, aunque existen argumentos, en algunos casos de la propia Comisión Europea, para plantear su eliminación en otros supuestos.

Aunque desde el Ejecutivo se argumenta la decisión por el efecto tensionador que estas inversiones podrían estar ejerciendo sobre el precio de la vivienda, así como en el crecimiento de las solicitudes en los dos últimos años, existen más razones para cuestionar las golden visa. Bruselas ha instado en más de una ocasión a los Estados miembros a eliminarlas por considerar que resultan poco equitativas, tienen una base democrática deficitaria y constituyen una vía fácil para blanquear dinero negro. El requerimiento de la CE, que se ha hecho más intenso tras el conflicto de Ucrania, ha llevado a varios países, entre ellos Portugal, Irlanda o Países Bajos, a eliminar el mecanismo. También hay voces que alertan sobre su uso como medio de evasión fiscal, así como sobre su capacidad para desestabilizar la seguridad de los países.

Aunque es cierto que las solicitudes en España han aumentado de forma creciente en los últimos años, el porcentaje de compras de vivienda por parte de inversores extranjeros sigue siendo muy pequeño respecto al total y permite cuestionar el argumento de la presión sobre los precios, salvo áreas muy concretas. Pero la razón de ser de las golden visa, que aparecieron tras la crisis de 2008 como revulsivo para reactivar mercados anémicos, ya no existe actualmente, por lo que resulta bastante difícil justificar su existencia tanto por su carácter especulativo como por el perjuicio que supone al principio de equidad. Políticamente hablando, no hay duda de que eliminar los visados de oro resulta una decisión fácil y de la que puede obtenerse rédito electoral. Pero más allá de esas razones de parte, hay motivos objetivos para desterrar una figura que hoy supone un mero privilegio para quienes poseen más capacidad económica.

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