La demanda presentada por el Departamento de Justicia de EE UU y los fiscales generales de 16 Estados contra Apple por presunta violación de las leyes antimonopolio del país probablemente constituya la ofensiva más ambiciosa lanzada hasta el momento contra la compañía de la manzana. La acción judicial acusa a Apple de impedir a sus rivales acceder a las funciones de hardware y software del iPhone, su producto estrella, lo que limita de forma notable la capacidad de estos para ofrecer productos y servicios alternativos. El eje argumental de la demanda es que la compañía tecnológica, que controla el 70% del mercado de smartphones de alta gama en EE UU, no ostenta esa posición por la calidad de sus productos, sino por excluir de forma ilegal a sus rivales.

La poderosa legislación antimonopolio estadounidense ha sido probada históricamente con resultados exitosos, como demuestra el precedente casi legendario de AT&T, que en 1982 fue troceada en siete compañías locales, las bluebells, o el de Microsoft, que obligó a la empresa de Bill Gates a abrir el mercado y benefició en su momento a Apple. Aunque el gigante creado por Steve Jobs considera la demanda presentada ahora en su contra como “un peligroso precedente” de intervencionismo gubernamental “en el diseño de la tecnología de la gente”, entonces calificaba las barreras de Microsoft de “tácticas sucias”.

La demanda presentada contra Apple forma parte de una ofensiva general contra presuntas prácticas anticompetitivas de los gigantes de internet, una guerra abierta que no se libra únicamente en territorio estadounidense, sino que apunta también a la UE, y en la que se encuadra el futuro de las big tech y de la propia industria tecnológica en el mercado global. Bruselas, que acaba de imponer una sustanciosa multa a Apple, ha impulsado un nuevo reglamento de mercados digitales cuyo régimen sancionador contempla multas de hasta el 10% de la facturación global de las empresas castigadas, o incluso del 20%, en caso de reincidencia.

Tanto EE UU como Europa mantienen un mensaje común frente a las polémicas reglas de negocio que se aplican en el sector: el principio de que ninguna compañía está por encima de la ley ni puede utilizar su posición en el mercado para reventar la competencia. De la fidelidad a esa estrategia de forma objetiva e imparcial, y de la agilidad de las respectivas jurisprudencias para gestionar los procedimientos, dependerá que la directriz sea respetada, y que el caso Apple, sea cual sea su resultado final, sirva para definir todavía mejor los límites de la legislación antitrust.

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