La decisión del Gobierno de renunciar a presentar los Presupuestos Generales de este 2024, anunciada la semana pasada, poco después de la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña, tiene una lectura evidente en clave política –la creciente inestabilidad, fragilidad y dificultad de negociación entre el Ejecutivo y sus socios– pero también económica, en lo que respecta a lo que puede suponer para la marcha del país y la actividad de las empresas. La renuncia del Gobierno constituye un gesto voluntario, puesto que podría haber optado por presentar cuentas aun previendo que estas no serían apoyadas, y supone la primera vez que esta medida no se vincula a la convocatoria de nuevos comicios, a excepción de lo ocurrido en 2020, año en el que no hubo nuevas cuentas ni elecciones generales, pero sí una pandemia que paralizó la vida del país.

La decisión de prorrogar los Presupuestos del año anterior no es nunca una buena noticia en términos de normalidad constitucional, porque supone el incumplimiento de facto de una obligación establecida en la Carta Magna, la de presentar cuentas públicas antes del 1 de octubre de cada ejercicio. Sin embargo, no impide el gobierno económico del país ni puede leerse en clave catastrofista, como demuestran las distintas ocasiones en que la medida se ha adoptado a lo largo de la última década. Los grandes capítulos de gasto ya comprometido para este año, como el de la revalorización de las pensiones o la actualización salarial de los funcionarios, están, a priori, asegurados, como también lo está el control de las finanzas públicas. No en vano, la falta de cuentas nuevas ralentiza y dificulta la aprobación de nuevas partidas de gasto y ejerce así, si acaso, un cierto efecto contractivo en el déficit y la deuda. En el extremo opuesto, la prórroga presupuestaria puede afectar a la finanzas autonómicas, porque es la vía por la que se actualizan las entregas a cuenta, un extremo que el Gobierno está intentando solventar por otras vías legislativas. También puede complicar el calendario de las grandes inversiones, generar incertidumbre e inseguridad en las empresas y obligar a recurrir al decreto ley como medio para aplicar decisiones de política económica y ampliar ciertas partidas de gasto, un recurso normativo cuyo uso debe ser excepcional, como han recordado tanto el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado. La prórroga presupuestaria, que ha dejado de ser algo inédito en la vida política española, constituye siempre una anomalía y como tal debería seguir siendo un mecanismo excepcional y seriamente justificado.

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