La irrupción de los criterios de sostenibilidad en los mercados financieros ha propiciado una eclosión de carteras construidas bajo los parámetros ESG, es decir, medioambientales, sociales y de buen gobierno. Un fenómeno que se ha desarrollado al amparo de unas perspectivas de rentabilidad sustanciosas, alimentadas por un entorno favorable tanto político como regulatorio. Es el caso de los gigantescos programas de fondos públicos con los que los países respondieron a la crisis económica generada tras la pandemia de Covid-19, que han apostado por acelerar la transición energética, han impulsado las perspectivas de inversión bajo criterios ESG y hecho crecer las expectativas de buenas rentabilidades también en el futuro.

Desde entonces, sin embargo, el mundo ha cambiado. El estallido de la guerra de Ucrania, la crisis energética desatada tras el inicio del conflicto y la constatación de que las expectativas de los mercados en materia de ESG han ido muy por delante del ritmo de la regulación han propiciado un ajuste en este tipo de inversión. Buena parte de ese enfriamiento está relacionado con el auge del petróleo y del gas, alimentado por las tensiones geopolíticas entre Rusia y Occidente, así como con el crecimiento de la industria armamentística, que ha abierto otros horizontes de rentabilidad al inversor. A ello hay que unir los abusos del greenwashing, que han agrietado la imagen de este segmento como destino fiable de inversión, además de favorecer el aumento del escepticismo, especialmente en EE UU. La propia Bruselas, que ha tenido que dar marcha atrás en aspectos regulatorios de su agenda verde para no perjudicar a sectores como el del motor o la agricultura, ha adoptado decisiones fuertemente polémicas en este ámbito, como la inclusión de la energía nuclear en la taxonomía verde.

Pese a la importancia de la agenda de transición verde, la fiebre por la inversión ESG había adquirido unas magnitudes que probablemente era necesario redimensionar. El recorte de las expectativas de los inversores ha propiciado, de hecho, un cribado que ayudará a separar el grano de la paja y que debería redundar también en un aumento de la confianza en el mercado. Pero para que ese objetivo se alcance tiene que abordarse un proceso similar en el ámbito regulatorio y político con el fin de reforzar la seguridad jurídica, el rigor y la transparencia en la cuestionada hoja de ruta de la transición energética.

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