El crecimiento exponencial que están experimentando los fraudes financieros, ya sea vía telefónica o telemática, amenaza con agrietar la confianza que alimenta el funcionamiento normal del sistema bancario. El aumento de este tipo de estafas en todos los países y su creciente sofisticación ha llevado al secretario general de Interpol, Jürgen Stock, a hablar de una verdadera “epidemia”. Desde el Banco de España, se reconoce la gravedad de un problema que ha obligado al Ministerio para la Transformación Digital a trabajar en un plan de actuación que baraja, entre otras propuestas, el bloqueo de las llamadas fraudulentas, que habitualmente se hacen desde fuera de España, o la regulación de un rango de numeración para llamadas comerciales.

Entre los retos que presenta este tipo de fraude para el consumidor destaca la dificultad de exigir a la entidad financiera la cobertura de un daño que no se lleva a cabo mediante un agujero en su sistema de seguridad, sino a través de una suplantación de personalidad realizada de forma paralela, lo que en muchos casos deja a los afectados en situación de indefensión, salvo si se trata de grandes patrimonios. La supervisora del Banco de España, Mercedes Olano, señalaba ayer, durante la presentación de la Memoria de Supervisión de 2023, que la entidad ha fijado el criterio de la existencia o no de doble confirmación por parte del cliente a la operación fraudulenta para admitir o no una posible reclamación.

Sin embargo, la peculiar operativa de este tipo de estafas y su acelerado crecimiento apunta a que puede acabar convirtiéndose en una bestia negra para el sistema bancario, especialmente si los tribunales comienzan a dictar jurisprudencia en términos de reforzar la protección del consumidor. A día de hoy, la ley obliga a la banca a hacerse cargo de las operaciones no autorizadas, pero siempre que el cliente no haya actuado con negligencia, un extremo que resulta dudoso en este tipo de estafas, porque es el propio usuario el que pone sus datos o contraseñas en manos del falso representante del banco.

Desde Bruselas se trabaja en una normativa que aumente la cobertura de las entidades financieras, y quizá de operadoras telefónicas y empresas tecnológicas, en estas incidencias fraudulentas, que no solo constituyen un problema de desprotección del consumidor financiero, sino que suponen una amenaza a la confianza que sustenta el sistema bancario. El plan en el que trabaja el Gobierno tiene también el mismo reto: articular una respuesta equilibrada y objetiva a una problemática que pronto comenzarán a resolver los jueces a golpe de sentencia.

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