España ha capeado con destreza notable la sucesión de problemas que han sacudido la economía global desde la pandemia de Covid-19 y que han desplegado un techo gris sobre el crecimiento europeo. La crisis inflacionista, en vías de ser reconducida, las tensiones derivadas de la guerra de Ucrania, el alza de los tipos de interés y los cuellos de botella de las cadenas de suministro no han impedido a la economía española crecer por encima de las del resto de Europa y seguir creando empleo, aunque su punto de partida tampoco fue el de la media europea.
Pese a todo, el balance general es positivo, como recordó el viernes el FMI en el trabajo preliminar de su tradicional Artículo IV, donde analiza el desempeño y los riesgos económicos de los países. El organismo insta a España a acometer las reformas estructurales que la economía tienen pendientes, pero advierte de que uno de los grandes obstáculos para llevar a cabo esa tarea es la permanente crispación de la política española. Un enfrentamiento que puede dificultar la implementación de reformas y de la propia consolidación fiscal, lo que podría empeorar la confianza empresarial y debilitar el músculo inversor y el vigor del crecimiento. Aunque el tirón de orejas del FMI apunta a esa circunstancia como un riesgo, y no como un factor actual, es obvio que las descalificaciones, los juicios gruesos y la artillería dialéctica no ayudan al esfuerzo conjunto que tanto el Ejecutivo como la oposición, las empresas y los agentes sociales deben realizar para combatir la anemia del crecimiento.
El balance del FMI reconoce el buen desempeño español en consolidación fiscal, pero recomienda medidas –algunas, viejas conocidas– para aumentar la recaudación, como la eliminación de exenciones al IVA o el aumento de los impuestos medioambientales en el marco del avance hacia la transición energética europea. Aunque España debe realizar los ajustes necesarios para acompasarse fiscalmente a la agenda medioambiental europea, ese proceso debe llevarse a cabo de forma realista y aprendiendo de errores del pasado, para evitar la factura que puede generar una implementación excesivamente brusca. El aumento de las tensiones sociales –fruto del potencial descolgamiento de parte del tejido productivo y laboral respecto a las intensas exigencias de la agenda verde– no solo es un riesgo político, sino también socioeconómico. Los impuestos medioambientales, cuya progresividad es escasa, deben modularse sin perder de vista su efecto sobre la actividad productiva actual para evitar fracturas como la liderada en su momento por los chalecos amarillos en Francia, cuya importancia sería un serio error minusvalorar.
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