Las facilidades de financiación constituyen la medida estrella de la propuesta con la que el Gobierno ha querido responder a las demandas de los agricultores y a las movilizaciones que han llevado a cabo en los últimos meses. El plan del Ministerio de Agricultura, que incluye más de 40 puntos, contempla cambios interesantes –algunos ya conocidos– en materia de fiscalidad, simplificación de la PAC, medio ambiente, cadena alimentaria, sanidad animal, ganadería extensiva, seguros agrarios, comercio exterior o incorporación de los jóvenes, pero lo más novedoso es una línea de créditos ICO destinada al sector. De ellos, 200 millones se dirigen a ayudar a jóvenes agricultores y al relevo generacional en las explotaciones, y el resto a garantizar operaciones de crédito dirigidas al ramo agrario. Aunque las principales organizaciones del sector, Asaja, Upa y Coag, deben todavía analizar con calma el documento, su primera valoración ha sido positiva, más allá de cerrar flecos u otros aspectos concretos.

Junto a los créditos de financiación, la clave de la propuesta de Agricultura está en la flexibilización de la PAC en algunos de sus aspectos más gravosos, así como en una relajación de las exigencias de digitalización, precipitadas en algunos de sus extremos y que imponían a los agricultores nuevos peajes como las fotos georeferenciadas sobre el estado de los cultivos, la llevanza de un cuaderno digital o la identificación electrónica del ganado, que se aplaza un año. Entre lo que el Gobierno defiende, pero de momento no se está en condiciones de ofrecer, destaca la implantación de cláusulas espejo en las importaciones para acabar con un agravio comparativo que denuncia toda la agricultura europea.

La respuesta de Agricultura está en línea con la de una Europa que ha reconocido con hechos la solidez de algunas de las críticas de los agricultores a la última reforma de la PAC, empezando por Bruselas, que ha aceptado demandas como la derogación temporal del deber de dejar un porcentaje mínimo de terreno en barbecho cada año, la paralización de la nueva directiva sobre pesticidas o la propuesta de reducir las inspecciones, una hoja de concesiones que cuenta con el apoyo no solo de España, sino de Francia y de otros Gobiernos.

Buena parte de las dificultades que explican el levantamiento del sector agrícola está en las exigencias de esa nueva letra de la PAC, pero también en los efectos debilitadores que ha tenido la pandemia, la crisis energética, la inflación y, en España, la sequía, sobre las explotaciones. En ese escenario, las facilidades crediticias pueden jugar un papel clave para paliar la otra gran sequía que sufre la actividad agrícola y ganadera: la financiera.

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