Los incentivos a la innovación se han convertido en una herramienta de uso creciente para estimular la actividad en la mayor parte de los países desarrollados. Una tendencia que se ha intensificado tras la crisis económica desatada con la pandemia de Covid-19, que dio paso a un nuevo escenario económico caracterizado por gigantescas inyecciones de gasto público en forma de créditos y ayudas fiscales, por la vuelta al proteccionismo comercial y por una feroz competencia entre las economías desarrolladas por liderar los sectores tecnológicos del futuro. La Ley de chips y la ley de Reducción de la Inflación de EE UU, el Pacto Verde Europeo, las políticas de subsidios chinas a varias industrias o la ley K-Chips de Corea del Sur son algunos ejemplos destacados de esta estrategia.

En materia de incentivos económicos no existe, sin embargo, la neutralidad, una máxima que acaba de recordar el FMI en un informe que advierte de que las ayudas públicas a la innovación no son una receta mágica y que su diseño técnico resulta fundamental, porque de él depende no solo que el incentivo sea eficaz, sino sobre todo que no resulte contraproducente. El organismo defiende que una estrategia de incentivos a la innovación mal diseñada puede generar altos costes fiscales y que el modelo correcto para evitar esa distorsión es un mix de políticas que combine la inversión pública directa –que lleva más de dos décadas estancada– con los créditos fiscales a las empresas, se ligue además a beneficios calculables, no discrimine a las empresas extranjeras y se focalice en las propias compañías más que en los sectores industriales.

Los cálculos del FMI cifran los beneficios potenciales de una política de estas características en un aumento del 2% en la actividad y en una reducción de medio punto en la deuda pública en un plazo de ocho años. El organismo recuerda que el modelo vigente en las últimas décadas ha producido éxitos sonoros, como la apuesta de Europa por Airbus en los setenta, pero también fracasos flagrantes, como el apoyo de Japón a la computación y la IA en los ochenta.

España cuenta con una problemática propia que se añade a esta batería de deficiencias que el FMI atribuye al actual modelo de los incentivos a la innovación. Como señaló en su momento la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), existe una brecha manifiesta entre el potencial de los incentivos fiscales a nivel normativo y su aplicación efectiva, que en términos comparativos resulta muy reducida. Una ineficiencia que empaña el efecto de estos instrumentos sobre la innovación y que apunta a la necesidad de revisar el modelo para potenciar un resultado que hoy dista de ser óptimo.

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