EE UU tiene grandes planes para los mercados de carbono. La idea de Washington de una plataforma Aceleradora de la Transición Energética (Energy Transition Accelerator, ETA) se centra en uno de los mayores retos de la financiación de la lucha contra el cambio climático: la necesidad de multiplicar por siete la inversión en energías limpias en el mundo en desarrollo, excluida China, para principios de la década de 2030, hasta alcanzar los 1,9 billones de dólares anuales. John Kerry, el enviado saliente de Joe Biden para el clima, tiene la idea de un mercado viable y a gran escala para el comercio de derechos de emisión. Sobre el papel parece prometedor, pero para que funcione hay que hacer muchas cosas bien.
En los mercados de carbono participan compradores deseosos de adquirir el derecho a emitir una tonelada más de CO2 de vendedores capaces de restringir o absorber las emisiones. Estos sistemas suelen poner en contacto a empresas de países ricos que emiten grandes cantidades de carbono, como Shell, con Estados más pobres que poseen activos que lo absorben, como los bosques tropicales.
Los hay en una infinidad de formas. Los mercados de carbono de cumplimiento, como el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) de la UE, están regulados y a menudo implican que los Gobiernos establezcan cuánto pueden emitir las empresas y las obliguen a adquirir créditos para tener derecho a hacerlo por encima de ese nivel. Los mercados de carbono voluntarios no están regulados en su mayor parte. Suelen comenzar con proyectos como la preservación forestal, que establecen un nivel de referencia de las emisiones que se habrían producido de no existir el proyecto. Cualquier reducción que supere ese nivel de referencia produce créditos que las empresas que deciden compensar sus propias emisiones pueden comprar.
Dado que ETS tiene un valor de 800.000 millones de dólares y los créditos alcanzan los 70 dólares por tonelada, resulta tentador suponer que los mercados estatales de cumplimiento son el futuro. En comparación, los mercados voluntarios tienen más de 800 millones de créditos pendientes por valor de menos de 2.000 millones. También han experimentado múltiples controversias causadas por líneas de base que se fijaron demasiado altas, permitiendo a los proyectos crear un volumen de créditos mayor del justificado. Esto puede repercutir en los compradores: Delta Air Lines afronta una demanda colectiva en EE UU de un cliente que considera que la afirmación de la aerolínea de ser “neutra en carbono” es ecopostureo, greenwashing.
Sin embargo, hace una década los mercados de cumplimiento también estaban mal vistos. El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), un mercado supervisado por la ONU y creado en virtud del Protocolo de Kioto de 1997, permitía a los países desarrollados comprar créditos a los más pobres. Pero sus deficiencias, como unas líneas de base demasiado generosas, hicieron que en 2012 los precios del MDL cayeran por debajo de 1 euro la tonelada. La investigación sobre el tema sugiere que, en realidad, podría haber aumentado las emisiones mundiales.
Desde entonces, los diplomáticos han intentado crear un sistema que integre los mercados voluntarios y de cumplimiento en uno global donde los países y las empresas puedan comprar y vender créditos, con la ONU supervisando la contabilidad y la credibilidad del sistema. Pero eso es tortuosamente difícil. En la conferencia COP28 celebrada en diciembre en Dubái, las conversaciones se interrumpieron sin avances.
El sistema ETA de Kerry, una asociación entre el Gobierno de EE UU, la Fundación Rockefeller y el Fondo para la Tierra de Bezos, es un intento de cortocircuitar las disputas mediante la creación de un mercado de carbono de alta calidad. El objetivo es descarbonizar los sistemas eléctricos dependientes del carbón de Indonesia, Vietnam y Sudáfrica, que en conjunto emiten 450 millones de toneladas al año. Kerry calcula que la iniciativa podría vender créditos de carbono por valor de 41.000 millones vinculados a proyectos en estos países de aquí a 2035 y movilizar un total de 207.000 millones para la descarbonización, lo que cubriría hasta el 35% de la factura para conseguir que los sectores energéticos de estos países estén libres de carbono.
En comparación con los mercados voluntarios existentes, son grandes cifras. Pero el plan inicial sugiere cierta solidez. Grandes empresas como Bank of America, Salesforce y Standard Chartered , que han manifestado su interés por ETA, tendrán que demostrar que se centran en reducir las emisiones y no solo en compensar su producción actual. Por ejemplo, las grandes firmas podrían adquirir créditos en un plan que cierre las centrales de carbón indonesias al cabo de 10 años, la mitad de su vida útil prevista. ETA también se ajustaría a las directrices que limitan la posibilidad de que vendedores y compradores contabilicen dos veces la misma reducción de emisiones.
Pero las cifras de financiación rozan lo optimista. Recaudar 41.000 millones en ingresos significa vender créditos a 50 dólares la tonelada, más de 10 veces el precio actual de un típico crédito voluntario de carbono. Un escenario alternativo de ETA, en el que se vendieran menos créditos a solo 20 dólares la tonelada, recaudaría únicamente 10.000 millones. Eso es insuficiente para financiar el coste total del desmantelamiento de las centrales de carbón y los gastos asociados.
Desde ETA se insiste en que su iniciativa pretende reforzar la credibilidad del mercado del carbono, haciendo subir los precios, aunque restrinja la oferta y la demanda potenciales de créditos. Pero si los tres países no reducen lo suficiente sus emisiones –y el ritmo actual de avance en Indonesia es lento– podrían no crear suficientes créditos. Eso aumentaría la tentación de que los supervisores de establecieran bases menos exigentes, como en anteriores programas. Incluso los creadores de créditos bienintencionados podrían fijar el nivel equivocado por error.
Kerry sabrá todo esto. También lo sabrán el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y el director gerente de la Autoridad Monetaria de Singapur, Ravi Menon, que también pregonaron el potencial de los mercados de carbono en la COP28. El argumento pragmático para apostar por los mercados de carbono es que es la mejor manera de ayudar a movilizar el billón de dólares que el mundo desarrollado debe aportar cada año para ayudar a los países en desarrollo a descarbonizarse para 2030.
El riesgo es que ETA de cabida a un mayor lavado verde. Alternativamente, los mercados bilaterales de carbono rivales podrían rebajar los estándares, perpetuando las reservas de los compradores sobre el sector y haciendo aún menos probable un mercado de carbono genuinamente global. La apuesta implícita de EE UU parece ser que hacer llegar rápidamente el dinero de la descarbonización a los Estados más pobres, aunque sea de forma dispersa, es mejor que no hacerlo en absoluto.
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Las posibilidades de redimirse de los mercados de carbono son remotas
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21.02.2024
EE UU tiene grandes planes para los mercados de carbono. La idea de Washington de una plataforma Aceleradora de la Transición Energética (Energy Transition Accelerator, ETA) se centra en uno de los mayores retos de la financiación de la lucha contra el cambio climático: la necesidad de multiplicar por siete la inversión en energías limpias en el mundo en desarrollo, excluida China, para principios de la década de 2030, hasta alcanzar los 1,9 billones de dólares anuales. John Kerry, el enviado saliente de Joe Biden para el clima, tiene la idea de un mercado viable y a gran escala para el comercio de derechos de emisión. Sobre el papel parece prometedor, pero para que funcione hay que hacer muchas cosas bien.
En los mercados de carbono participan compradores deseosos de adquirir el derecho a emitir una tonelada más de CO2 de vendedores capaces de restringir o absorber las emisiones. Estos sistemas suelen poner en contacto a empresas de países ricos que emiten grandes cantidades de carbono, como Shell, con Estados más pobres que poseen activos que lo absorben, como los bosques tropicales.
Los hay en una infinidad de formas. Los mercados de carbono de cumplimiento, como el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) de la UE, están regulados y a menudo implican que los Gobiernos establezcan cuánto pueden emitir las empresas y las obliguen a adquirir créditos para tener derecho a hacerlo por encima de ese nivel. Los mercados de carbono voluntarios no están regulados en su mayor parte. Suelen comenzar con proyectos como la preservación forestal, que establecen un nivel de referencia de las emisiones que se habrían producido de no existir el proyecto. Cualquier reducción que supere ese nivel de referencia produce créditos que las empresas que deciden compensar sus propias........
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