El mercado laboral español tenía, en el período previo a las reformas laborales iniciadas en 2010, graves disfunciones dentro de las coordenadas de un sistema con escasa flexibilidad laboral interna, un despido-tipo improcedente con las indemnizaciones más altas del entorno europeo, una negociación colectiva sectorial hegemónica de eficacia general con poca adaptación a la empresa, y una, todavía, herencia corporativista con exceso de intervencionismo administrativo en las relaciones laborales. Esta combinación de factores tenía, entre sus muchas consecuencias, un alto desempleo inédito en el contexto europeo, la marcada dualidad del mercado de trabajo, la ineficiente rigidez laboral, la poca conexión entre salarios y beneficios de las empresas, el déficit de formación y productividad de trabajadores, una conciliación laboral y familiar excesivamente concentrada en reducciones de jornada, originando brechas salariales entre sexos, y una pésima intermediación laboral pública sin apertura a espacios privados. Puede afirmarse, desde la perspectiva otorgada por el tiempo, que el largo período reformista laboral 2010-2023 afrontó esta realidad y, en diferentes etapas políticas, logró, en buena dirección, solucionar algunos de estos problemas.
Las reformas laborales de 2010/2011 (PSOE) y 2012/2013 (PP) contemplaron medidas bien dirigidas a superar algunas de estas disfunciones y deficiencias de nuestro mercado laboral. Estas reformas laborales, inspiradas en el paradigma europeo de flexiseguridad, aumentaron la flexibilidad laboral interna, racionalizaron el coste del despido, suprimieron autorizaciones administrativas anómalas en el entorno europeo, adaptaron la negociación colectiva a la empresa, flexibilizaron el tiempo de trabajo, potenciando también el trabajo a tiempo parcial, facilitaron pactos colectivos de adaptación en pequeñas empresas, cambiaron los sistemas de formación de los trabajadores e intentaron ajustar los salarios a la realidad económica de las empresas.
El resultado de la implementación de estas reformas, en la década 2010-2020, fue desigual porque consiguió corregir, en parte, algunos de los problemas mencionados, cooperando a la excelente recuperación económica y de empleo postcrisis, a la vez que generó otros nuevos, creando ciertos desequilibrios entre la parte empresarial y laboral. Pero, sobre todo, este interesante período reformista mostró la presencia de problemas estructurales, todavía no afrontados políticamente, como la entonces no corregida alta temporalidad laboral, la persistencia de un modelo normativo laboral industrial superado por los cambios productivos, los horarios laborales contrarios a la conciliación familiar o las frustrantes políticas activas de empleo.
Tras la experiencia de la pandemia, que mostró la ya indiscutible necesidad de acudir a medidas de flexibilidad laboral, con protección social, en situaciones adversas, y desveló algunas insuficiencias de nuestros sistemas laborales y sociales, incapaces de ofrecer suficiente protección a los más vulnerables, se aprobó la más reciente reforma laboral pactada de 2021 (PSOE/Podemos), que ofrece soluciones viables al problema estructural de la alta temporalidad y corrige algunos desequilibrios, en especial en materia salarial y en negociación colectiva, de las reformas anteriores. Esta reforma reduce el margen de los contratos temporales y amplía el de la contratación indefinida, a través de modalidades fijas discontinuas, imponiendo duras sanciones al fraude de ley. La intensa y rápida reducción de la temporalidad contractual, que está consiguiendo esta reforma, sienta nuevas bases para afrontar otros problemas estructurales laborales en mejores condiciones para su solución y cierra, por consenso del diálogo social, un ciclo reformista – 2010 a 2023 -no exento de controversias y debates.
Sobre la base de estas reformas y consensos, será necesario ahora afrontar, en esta legislatura, nuevos retos laborales, como la mayor adaptación de la representatividad sindical y patronal a la realidad social, el fortalecimiento del nuevo paradigma contractual indefinido, la mejora de la productividad empresarial y de su distribución en los salarios, la mayor flexibilidad en el tiempo de trabajo, la mejor distribución de costes de la conciliación familiar, la reformulación de la protección social ante el profundo cambio demográfico que va a suponer la jubilación de la generación baby boom y la adecuada regulación laboral de las enormes transformaciones digitales.
Estos retos están en la trastienda del compromiso político de regular un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, renovado ahora en el pacto de la nueva coalición de Gobierno PSOE/Sumar, que, con luces y sombras, apunta medidas laborales que habrá que ir valorando en esta Legislatura que comienza. El camino, desde la perspectiva del ciclo reformista 2010-2023, el aprendizaje de la pandemia y la reforma pactada de 2021, no debería ser, creo, revertir reformas que han funcionado correctamente, ni abrir en canal desacuerdos en el consenso empresarial/sindical, en materias sensibles como la indemnización abierta del despido o la reducción de la jornada máxima legal, sin diálogo social, que pueden alterar los equilibrios logrados.
El gran logro de la etapa política anterior en cambiar la forma de contratar de las empresas, ya acostumbradas a contratar trabajadores fijos, en sus distintas modalidades, no debería ahora ser puesto en riesgo, con medidas y métodos contraproducentes. El camino debe estar determinado por la ambición de afrontar, con decisión, estos nuevos retos laborales estructurales, con el horizonte de la confirmación de un paradigma de contratación indefinida flexible, el objetivo de pleno empleo y los incrementos de productividad necesarios para reducir tiempo de trabajo y elevar los salarios, en medio de esta doble transformación demográfica y digital.
Jesús Lahera Forteza es Catedrático Derecho del Trabajo de la UCM, investigador asociado de Fedea y consultor de AbdónPedrajas Littler
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Los retos laborales de la legislatura que empieza
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23.11.2023
El mercado laboral español tenía, en el período previo a las reformas laborales iniciadas en 2010, graves disfunciones dentro de las coordenadas de un sistema con escasa flexibilidad laboral interna, un despido-tipo improcedente con las indemnizaciones más altas del entorno europeo, una negociación colectiva sectorial hegemónica de eficacia general con poca adaptación a la empresa, y una, todavía, herencia corporativista con exceso de intervencionismo administrativo en las relaciones laborales. Esta combinación de factores tenía, entre sus muchas consecuencias, un alto desempleo inédito en el contexto europeo, la marcada dualidad del mercado de trabajo, la ineficiente rigidez laboral, la poca conexión entre salarios y beneficios de las empresas, el déficit de formación y productividad de trabajadores, una conciliación laboral y familiar excesivamente concentrada en reducciones de jornada, originando brechas salariales entre sexos, y una pésima intermediación laboral pública sin apertura a espacios privados. Puede afirmarse, desde la perspectiva otorgada por el tiempo, que el largo período reformista laboral 2010-2023 afrontó esta realidad y, en diferentes etapas políticas, logró, en buena dirección, solucionar algunos de estos problemas.
Las reformas laborales de 2010/2011 (PSOE) y 2012/2013 (PP) contemplaron medidas bien dirigidas a superar algunas de estas disfunciones y deficiencias de nuestro mercado laboral. Estas reformas laborales, inspiradas en el paradigma europeo de flexiseguridad, aumentaron la flexibilidad laboral interna, racionalizaron........
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