España tiene cerca de tres millones de parados y las empresas, crecientes dificultades para cubrir un buen número de puestos de trabajo. Algo no está bien para que el mercado laboral no funcione como tal, para que 150.000 contrataciones quedan vacantes y para que decenas de pequeñas empresas opten por el cierre ante tal dificultad; algo debe ser repensado y corregido: la formación, el mecanismo de intermediación, la cultura laboral, la remuneración y la intocable protección por desempleo, pero no en la línea que plantea Trabajo, sino para endurecerla y ligarla taxativamente a la búsqueda de trabajo.
La última encuesta trimestral de coste laboral revela que el número de puestos de trabajo que quedan vacantes crece (hasta 148.000) pese a que la economía no tiene un desempeño desaforado, ni mucho menos; y la más reciente del Banco de España sobre actividad empresarial alerta de que el 39% de las empresas (cuatro de cada diez) tienen dificultades para cubrir los puestos de trabajo que le surgen, nada menos que cinco puntos largos más que antes de verano, en parte por el suflé de la actividad hostelera y turística de los meses estivales.
Las consecuencias directas tradicionales de la escasez de mano de obra afloran con intensidad diferente para las empresas, desde renunciar a la ampliación de la inversión y la plantilla y de avance de sus ventas, hasta la inevitable alza de los costes salariales para la mitad de las empresas atrapadas en la escasez de mano de obra. Este último es un fenómeno que brota con intensidad cuando reducidísimas y residuales tasas de paro (inferiores al 5% en lugares tan exóticos como Alemania o Estados Unidos) presionan al mercado; pero la paradoja en España es tal, que lo hace cuando están en desempleo el 13% de los activos.
Dificultad con las remuneraciones del factor trabajo se esgrimen en todas las actividades, pero las empresas admiten que es un verdadero problema en la franja de los titulados universitarios, donde la exigencia de empleador y empleado es mayor y la competencia fuerza tasas de promiscuidad y movilidad en el empleo más elevadas.
Pero la que se considera dificultad número uno es la falta de formación o nivel inadecuado de la misma para acoplarse al empleo ofertado, y no necesariamente donde el nivel técnico demandado es muy exigente, como la construcción o las actividades de hostelería y restauración. Por tanto, la formación, especialmente la profesional de grado medio, de la que paradójicamente empieza a hablarse maravillas injustificadas, necesita una vuelta para responder a las necesidades reales. A los déficits más clamorosos están en las franjas menos cualificadas, en los que incluso la tecnificación, por limitada que sea, camina más deprisa que la empleabilidad de los empleados.
Y en este debate tiene responsabilidad el mecanismo formativo, pero no menos el servicio público de intermediación, que debería ser mucho más exigente con la recualificación de los parados que se inscriben en sus listas, tengan seguro, subsidio o nada. Sigue causando rubor que los servicios públicos de empleo cuadren solo un porcentaje irrelevante de contratos genéricos.
El grado de protección de las familias (probado en los países católicos, pero exagerado en España), las reservas a admitir menor estatus laboral al pretendido, los convenios de sector que imponen a las pymes sueldos que no pueden asumir, la falta de población en edad laboral en algunas regiones y las restricciones a la movilidad que provoque la carestía de la vivienda, son fallas adicionales.
Pero sin duda la remuneración es la madre del cordero. Por norma general, un salario poco competitivo dificulta la contratación en menos de una de cada diez empresas, con la excepción ya indicada de las cualificaciones más exigentes de los titulados universitarios. Es una cuestión esta que las empresas deben revisar, teniendo en cuenta que se trata de los puestos más cualificados, con mayor productividad y valor añadido, y de más dificultad de sustitución. Por contra, la vertical subida del SMI dificulta contratar en determinadas actividades de escaso valor añadido.
Pero la remuneración hay que considerarla a la luz de la contra-remuneración: los desincentivos dispuestos para entrar en el mercado o volver a él una vez abandonado. Hablamos de la miríada de rentas públicas que componen el escudo de protección, y cuyo mayor exponente es el seguro y subsidio de paro. No es fácil identificar qué incidencia tiene en que 150.000 ofertas de empleo queden desiertas y en qué proporción impacta sobre la remuneración del empleo, pero hay mucha literatura al respecto. En los percentiles más modestos, salario mínimo, salario de entrada en el sector y seguro de paro compiten muy directamente.
Una exploración reciente del Banco de España sobre la evolución del seguro y subsidio entre 1987 y 2019, a la luz de la Muestra Continua de Vidas Laborales, concluyó que la mitad de los perceptores de estas rentas agotó el periodo de cobro si su duración era de cuatro meses, algo que hacía uno de cada tres si el derecho se prolongaba hasta 10 meses, y uno de cada cinco si contaba con entre 18 y 24 meses de protección.
Una conclusión coherente con el hecho conocido por los funcionarios del servicio público de que la baja de las prestaciones se produce siempre pasados los 20 meses, porque es entonces cuando se intensifica la búsqueda de empleo. El citado estudio ensaya qué pasaría si se redujera la duración legal de la prestación, elevando incluso su cuantía, y concluye que se reanimaría antes la búsqueda y vuelta a la ocupación.
La reforma del seguro y subsidio de desempleo aparece y desaparece como el Guadiana en sequía, y ahora lo hace como pago a los fondos europeos. Preténdese, según la versión de la vicepresidenta primera, condicionar la prestación a la búsqueda efectiva de empleo, que parece lo más lógico, pero que cuantas veces se ha planteado, ha sido desestimado por el rechazo sindical. Pero la versión de la vicepresidenta segunda (todo en este Gobierno tiene al menos dos versiones), que tiene pinta de imponerse, habla de elevar la prestación, compatibilizarla con empleos temporales, y, en el mejor de los casos, reducirla a medida que pasen los meses. De ser así, en vez de la tradicional huelga general que las centrales tienen en el manual del buen sindicalista para estos casos, convocarán un homenaje.
José Antonio Vega es periodista
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La paradoja española: faltan trabajadores con tres millones de parados
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05.12.2023
España tiene cerca de tres millones de parados y las empresas, crecientes dificultades para cubrir un buen número de puestos de trabajo. Algo no está bien para que el mercado laboral no funcione como tal, para que 150.000 contrataciones quedan vacantes y para que decenas de pequeñas empresas opten por el cierre ante tal dificultad; algo debe ser repensado y corregido: la formación, el mecanismo de intermediación, la cultura laboral, la remuneración y la intocable protección por desempleo, pero no en la línea que plantea Trabajo, sino para endurecerla y ligarla taxativamente a la búsqueda de trabajo.
La última encuesta trimestral de coste laboral revela que el número de puestos de trabajo que quedan vacantes crece (hasta 148.000) pese a que la economía no tiene un desempeño desaforado, ni mucho menos; y la más reciente del Banco de España sobre actividad empresarial alerta de que el 39% de las empresas (cuatro de cada diez) tienen dificultades para cubrir los puestos de trabajo que le surgen, nada menos que cinco puntos largos más que antes de verano, en parte por el suflé de la actividad hostelera y turística de los meses estivales.
Las consecuencias directas tradicionales de la escasez de mano de obra afloran con intensidad diferente para las empresas, desde renunciar a la ampliación de la inversión y la plantilla y de avance de sus ventas, hasta la inevitable alza de los costes salariales para la mitad de las empresas atrapadas en la escasez de mano de obra. Este último es un fenómeno que brota con intensidad cuando reducidísimas y residuales tasas de paro (inferiores al 5% en lugares tan exóticos como Alemania o Estados Unidos) presionan........
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