Nada de inocente tiene la persistente demanda de los nacionalistas vascos de gestionar la Seguridad Social, que aparece en el Estatuto de Guernica como un nominal traspaso ordinario desde hace 40 años y se ejecuta ahora para satisfacer la insaciable voracidad soberanista del PNV, en pugna directa con EH Bildu por rentabilizar y capitalizar su influencia en Madrid. Pero ¿para qué tanto empeño nacionalista en gestionar un sistema de pensiones que tiene un déficit de más de 3.100 millones, y cuya determinación de las cotizaciones y de las pensiones seguirá estando en manos del Gobierno de la nación española?
Dado que el traspaso del régimen económico y financiero de la Seguridad Social no supone la ruptura de la caja común que ingresa las aportaciones de empresarios, trabajadores y autónomos y satisface el abono de las pensiones, y solo representa una carga burocrática más para ejecutar algo que deciden otros, ¿dónde se esconden las razones poderosas de tanta insistencia para tener una Gizarte Segurantxa propia?
Es cierto que en este tipo de asuntos solo se sabe cómo empiezan, y que por ahora solo supondrá reforzar el carácter federal que el País Vasco mantiene con el Estado español, acaparando más aparataje público para proporcionar solidez adicional a sus reivindicaciones soberanistas, para parecerse cada día un poco más a un Estado, aunque siga sin tenerse una nación.
Los nacionalistas que gobiernen en Euskadi exhibirán primero la conquista de cotizaciones y pensiones, aunque su régimen jurídico siga en manos de la Administración española, como mandata la Constitución y sentencia el Tribunal Constitucional; después exigirán abiertamente la competencia plena para determinar y abonar complementos patrióticos a determinadas pensiones contributivas y asistenciales; y después, si media la oportunidad, plantear la separación plena de una Gizarte Segurantxa para darle plena foralidad al estado de bienestar vasco, incluido el ingreso mínimo vital, cualitativamente menos consolidado que el mecanismo de ayudas a las rentas bajas que ya tenía el País Vasco.
Qué otras intenciones pueden esconderse detrás de una obsesión histórica que puede dejar en tus manos la gestión de un mecano con un déficit de explotación de 3.100 millones y creciendo. Las comunidades autónomas disponen de capacidad para determinar la remuneración de sus funcionarios, así como disponían de autorización para imponer recargos en determinados impuestos antes de que fuese cedida una parte importante de ellos en los sucesivos modelos de financiación autonómica. De hecho, los tribunales sancionaron el más polémico de los recargos sobre el IRPF, planteado por Madrid (cuando presidía la Comunidad Joaquín Leguina), que nunca se aplicó por la recomendación del Gobierno socialista de entonces, presidido por González.
La aprobación de complementos a las pensiones no contributivas o a las contributivas más modestas es una herramienta poderosa de fomento del patriotismo nacionalista, de convicción política y electoral, a cambio de una cantidad relativamente modesta de recursos. Pero rompería la igualdad de las pensiones del sistema público que consagra la Seguridad Social, y ocasionaría un conflicto que terminaría en los tribunales de justicia. Hay que recordar que la Seguridad Social y su entramado de cotizaciones es, junto con el Impuesto sobre Beneficios de las Sociedades, el único elemento tributario que guarda la unidad de trato y que no puede violentarse para impedir la competencia económica y la localización ventajosa de actividad.
Unos números clarificadores. En términos financieros, el País Vasco tiene uno de los más abultados desequilibrios del país en la Seguridad Social, con un déficit de 3.101 millones en 2022, último año cerrado, según las cuentas de la Tesorería General del sistema de pensiones. El déficit de cotizaciones para abonar todas las jubilaciones llegó en España en tal ejercicio a los 20.347 millones, un 14,1%, menos de la mitad que el 29,5% de déficit en el País Vasco. En esta comunidad foral, los gastos por pensiones fueron en 2022 de 10.511 millones, mientras que las cotizaciones aportaron únicamente 7.410 millones.
Gráficamente, el País Vasco, con el 5,19% del PIB de España, aporta por cotizaciones a la Seguridad Social el 5,98% del total, consume en pensiones el 7,25% del total del país, y su déficit de recursos dentro del sistema alcanza el 15,2% del total (el triple que su participación en el PIB). En todo caso, País Vasco no es la única región con déficit de la Seguridad Social, pues únicamente registran superávit Madrid, Canarias y Baleares.
El País Vasco, que tiene una de las rentas por habitante más elevadas del país, tiene también las pensiones más altas del Estado. Las pensionistas de Álava encabezan el ranking nacional con una cuantía media de 1.505 euros al mes (por catorce pagas) y llega a los 1.700 si se trata solo de las pensiones de jubilación. En Vizcaya llega la media de jubilación a 1.717, y a 1.632 la media de retiro en Guipúzcoa. La de la región, la más reivindicativa del Estado en demanda de mejores prestaciones, es de 1.685 euros, un 24% superior a la media nacional, que es de 1.376.
La estructura demográfica de los pasivos vascos, con datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social a septiembre, la componen 519.000 pensionistas, de los que 50.443, el 9,7% (la mayor proporción de todo el país salvo Asturias) están en pensión máxima. Pero los susceptibles de disponer de complementos, aquellos que cobran menos que el Salario Mínimo, son 167.000 perceptores.
Como contrapartida lógica, los 801.000 cotizantes actuales en el País Vasco hacen aportaciones por una base media de cotización muy superior a la media nacional, además de ser las bases más elevadas de todo el Estado, por delante de las de Navarra, Madrid y Barcelona. La base media nacional es ahora de 2.100 euros, mientras que las de los cotizantes en el País Vasco superan en las tres provincias los 2.500.
José Antonio Vega es periodista
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Para qué quiere el PNV unas pensiones con 3.000 millones de déficit
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14.11.2023
Nada de inocente tiene la persistente demanda de los nacionalistas vascos de gestionar la Seguridad Social, que aparece en el Estatuto de Guernica como un nominal traspaso ordinario desde hace 40 años y se ejecuta ahora para satisfacer la insaciable voracidad soberanista del PNV, en pugna directa con EH Bildu por rentabilizar y capitalizar su influencia en Madrid. Pero ¿para qué tanto empeño nacionalista en gestionar un sistema de pensiones que tiene un déficit de más de 3.100 millones, y cuya determinación de las cotizaciones y de las pensiones seguirá estando en manos del Gobierno de la nación española?
Dado que el traspaso del régimen económico y financiero de la Seguridad Social no supone la ruptura de la caja común que ingresa las aportaciones de empresarios, trabajadores y autónomos y satisface el abono de las pensiones, y solo representa una carga burocrática más para ejecutar algo que deciden otros, ¿dónde se esconden las razones poderosas de tanta insistencia para tener una Gizarte Segurantxa propia?
Es cierto que en este tipo de asuntos solo se sabe cómo empiezan, y que por ahora solo supondrá reforzar el carácter federal que el País Vasco mantiene con el Estado español, acaparando más aparataje público para proporcionar solidez adicional a sus reivindicaciones soberanistas, para parecerse cada día un poco más a un Estado, aunque siga sin tenerse una nación.
Los nacionalistas que gobiernen en Euskadi exhibirán primero la conquista de cotizaciones y pensiones, aunque su régimen jurídico siga en manos de la Administración........
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