La compleja realidad económica y social de Argentina es preocupante. Su tasa de variación anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) en enero de 2024 se situó en el 254,2% y, lo que es peor, los precios de los alimentos son los que más se han encarecido en dicho período (casi el 300%), según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (Indec). Es un IPC de los más elevados del mundo.

Hay que resaltar que el dato de la inflación es uno de los objetivos prioritarios del nuevo Gobierno debido a que es una de las grandes preocupaciones ciudadanas. Este contexto económico tiene graves consecuencias negativas entre los más desprotegidos, sobre todo en aquellas personas que tienen puestos de trabajo informales (autoempleo y empleo asalariado).

El trabajo en la economía informal, a menudo, se caracteriza porque las personas trabajadoras no están registradas, reguladas o protegidas por la legislación laboral ni la protección social y con salarios muy bajos, por lo tanto, están desprotegidas frente al aumento de los precios, debido a que no tienen mecanismos de negociación para llegar a acuerdos entre sindicatos, empresas y el gobierno para actualizar los salarios y hacer frente a la inflación. La informalidad laboral, caracterizada por su alta vulnerabilidad, es un problema estructural en el mercado de trabajo argentino.

Según el Indec, la economía informal representa más de la mitad del conjunto de la población laboral, es decir, son más que el total de puestos de trabajo formales registrados. Esa informalidad es una característica importante del mercado laboral argentino y su incidencia constituye un desafío muy importante.

En este sentido, hay que destacar que uno de los pocos indicadores positivos que tiene Argentina es precisamente la tasa de paro (5,7%) con relación al trabajo formal, según el Indec.

Sin embargo, tener un trabajo formal no es suficiente para hacer frente a la inflación, ya que los sueldos son muy bajos. Así, el Ministerio de Trabajo de la Nación formalizó, a partir de diciembre de 2023, el incremento del salario mínimo vital y móvil a 156.000 pesos (180 euros). Dicho salario no permite cubrir la mitad de la cesta de la compra (alimentos y bienes de primera necesidad). Ante esta situación, no es de extrañar que más del 30% del conjunto de ocupados vivan en la pobreza, según el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) de la Universidad Nacional de La Plata.

La pobreza del país superó el 40%, según datos difundidos por el Indec. De ellos, uno de cada diez se sitúa por debajo de la línea de pobreza y ni siquiera tiene ingresos suficientes para comprar alimentos. Por ello, el 45% de su población a nivel nacional, con problemas socioeconómicos, son asistidos por el Estado, según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).

Para hacer frente a la grave situación económica y social, el nuevo presidente pretende implantar un duro ajuste. En su opinión, no hay alternativa al ajuste y la única vía posible son las políticas de shock, que consisten en un programa intensivo de recortes masivos, modificar servicios públicos, privatizar bienes públicos, centralizar el poder político, despedir a funcionarios públicos, eliminar las restricciones a las corporaciones, derogar regulaciones laborales, reformar las pensiones y restringir el derecho de huelga.

Hay que considerar que los programas de ajuste acentúan las desigualdades distributivas, cebándose en las personas más vulnerables, y deterioran elementos esenciales de la vida humana. Hasta el mismo Milei ha reconocido que los ajustes impactarán de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales y en el número de personas pobres, al menos en el corto plazo.

Sin embargo, en un país con tanta pobreza contrasta que el presidente proponga eliminar gran parte de la ayuda social del Estado. Todavía está de actualidad la tesis de Simon Kuznets, Premio Nobel de Economía en 1971, que en su teoría consideraba que la Argentina era, tal vez, el único ejemplo de un país que fue, en apariencia desarrollado, que llegó a ser reconocido como granero del mundo, y luego emprendió la vía del desarrollo.

Vicente Castelló Roselló es Profesor de la Universidad Jaume I y miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local

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La ilusión de un nuevo tango en los mercados

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17.02.2024

La compleja realidad económica y social de Argentina es preocupante. Su tasa de variación anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) en enero de 2024 se situó en el 254,2% y, lo que es peor, los precios de los alimentos son los que más se han encarecido en dicho período (casi el 300%), según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (Indec). Es un IPC de los más elevados del mundo.

Hay que resaltar que el dato de la inflación es uno de los objetivos prioritarios del nuevo Gobierno debido a que es una de las grandes preocupaciones ciudadanas. Este contexto económico tiene graves consecuencias negativas entre los más desprotegidos, sobre todo en aquellas personas que tienen puestos de trabajo informales (autoempleo y empleo asalariado).

El trabajo en la economía informal, a menudo, se caracteriza porque las personas trabajadoras no están registradas, reguladas o protegidas por la legislación laboral ni la protección social y con salarios muy bajos, por lo tanto, están desprotegidas frente al aumento de los precios, debido a que no tienen mecanismos de negociación para llegar a acuerdos entre sindicatos,........

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