Están sucediendo dos cosas importantes. Por una parte, a) se está negociando –o algo parecido– una amnistía –o algo parecido– en el Parlamento –o algo parecido– por los hechos acaecidos durante el procés. Y, por otra, b) se está materializando una gran erosión en la estratosfera de la policía y de la Justicia españolas, consecuencia de su sobreactuación durante el procés. Encarar y solucionar a) y b) podría ser un gran programa gubernamental. Por una parte se trataría –y esto entraría dentro del pack a)– de aprovechar para darle una solución al tema territorial. Sin tocar, claro, un ápice la CE78, para lo cual no hay, ni habrá nunca jamás, la mayoría adecuada. En todo caso, se trataría de establecer medidas, no procesistas –esto es, reales, operativas–, que supongan el paso, de alguna manera oficial, a la plurinacionalidad, eso que ya ocurre en la calle. Algo que fuera más allá del reconocimiento de las lenguas cooficiales en las Cortes, que, por cierto, no es una forma estable y tiene marcha atrás. Algo que estableciera la plurinacionalidad en las instituciones como una constante, un fondo de armario, una presencia, un intangible cultural y un tangible legal. Por otra parte se trataría –y esto entraría dentro del pack b)– de asumir la patología en la Justicia y en la policía españolas. Y darle una respuesta legal a las dinámicas que, en Interior y Justicia, se dieron durante el procés. Desde la emisión de informes policiales verdaderos, si bien con información falsa, pasando por la desobediencia de mandatos judiciales por parte de altos mandos policiales, por el espionaje ilegal de personas, y por la calificación arbitraria, exagerada e irreal de delitos, para que pudieran ser juzgados en el TS, o para poder utilizar la prisión preventiva como un castigo ejemplar y, por lo tanto, alejado de la justicia. Se trata de corregir y depurar patriotismos policiales –lo que es algo muy serio; es policía fuera de la ley, trabajando para el Estado/la Ley– y lo que se ha llamado lawfare, que en realidad no lo es, sino que tiene otro nombre que nadie pronuncia, pues por sí solo habla de su gravedad: prevaricación.
Dar respuesta a a) y b) sería, lo dicho, un buen programa de legislatura. Establecer un punto final a lo vivido. Sin ese punto final, sin esa catarsis, sin explicitar lo ocurrido y ponerle palabras, no habrá reparación. Y no se trata ya de la acepción del palabro reparación que modula desagravio, sino de, literalmente, reparación, arreglar algo –la política, la prensa, la Justicia, la poli– que se ha estropeado, que no puede desempeñar su función sin sonido de cacharro roto.
Y parece ser que eso no está sucediendo. Sobre el tema a): PSOE y Junts han alcanzado un acuerdo de investidura, poco más. No va a haber cambios en el procesismo, más allá de su amnistía, si se llega a producir. Las últimas exigencias de Junts –para votar la Ley Ómnibus– fueron tan desordenadas que indican que no sabían qué pedir, que no hay proyecto. Lo que es una metáfora del procés, aquel tirar para adelante, huyendo de la austeridad y la corrupción, hasta llegar a la pared. El Gobierno, a su vez, tampoco parece dispuesto a dar algo que no está en su cabeza, una vez ha conseguido lo que quería: ser Gobierno. Sobre el tema b): algún ministro vierte sospechas sobre actuaciones puntuales de jueces. Pero el Gobierno, como tal, no ha presentado una querella al respecto, no ha encargado a Fiscalía que investigue casos de prevaricación en la Justicia, y Fiscalía tampoco está actuando de oficio al respecto. El Gobierno parece satisfecho con las filtraciones sobre la policía patriótica –filtradas, se supone, por el Gobierno–, que ya han llamado la atención de Fiscalía. Y, en verdad, lo publicado al respecto puede suponer un antes y un después en el PP, penas de cárcel y una revisión e invalidación de su comportamiento en el ínterin 2014-17. Lo que es una bicoca para el PSOE, menos interesado –nada interesado, de hecho– en plantear legalmente prevaricaciones judiciales que, todo apunta ello, no existirán, salvo en las tertulias.
Dar respuesta a a) y b) sería lo nunca visto. Encarar el agujero negro interior. Lo que resultaría importantísimo, histórico. Exótico. Un imposible, que facilitaría afrontar los problemas verdaderos, menos situados aún que a) y b) en la agenda: la temperatura ha subido dos grados; la inflación, sustentada no en una gran emisión de dinero, sino en el enriquecimiento, sigue; la crisis de combustibles empieza a ser determinante en la economía y el FMI informa de que la IA afectará al 60% de los puestos de trabajo. Una nueva situación. Un nuevo mundo. Con la policía y la Justicia de siempre.
El programa
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24.01.2024
Están sucediendo dos cosas importantes. Por una parte, a) se está negociando –o algo parecido– una amnistía –o algo parecido– en el Parlamento –o algo parecido– por los hechos acaecidos durante el procés. Y, por otra, b) se está materializando una gran erosión en la estratosfera de la policía y de la Justicia españolas, consecuencia de su sobreactuación durante el procés. Encarar y solucionar a) y b) podría ser un gran programa gubernamental. Por una parte se trataría –y esto entraría dentro del pack a)– de aprovechar para darle una solución al tema territorial. Sin tocar, claro, un ápice la CE78, para lo cual no hay, ni habrá nunca jamás, la mayoría adecuada. En todo caso, se trataría de establecer medidas, no procesistas –esto es, reales, operativas–, que supongan el paso, de alguna manera oficial, a la plurinacionalidad, eso que ya ocurre en la calle. Algo que fuera más allá del reconocimiento de las lenguas cooficiales en las Cortes, que, por cierto, no es una forma estable y tiene marcha atrás. Algo que estableciera la plurinacionalidad en las instituciones como una constante, un fondo de armario, una presencia, un intangible cultural y un........
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