La amnistía va por barrios. Concretamente, tres. El Barrio Procecista, el Barrio Deep-State, y el Barrio Gubernamental. Por la música que suena en cada barrio se puede calcular cómo acabará la fiesta.
En el Barrio Procesista está todo el mundo pasmado. No es para menos. Por primera vez en la historia del catalanismo post-78 ha sucedido algo inusitado y sin precedentes. A saber: una ley, la amnistía, que se recibió en los medios públicos y concertados cat con los adjetivos habituales para toda ley pactada por Convergència y el partido gubernamental de turno –ley histórica, inmejorable, niquelada etc.–, pasó a ser, después de que así lo explicitara Boye en una entrevista, aquello que los juristas de Princeton denominamos –lamento aburrirles con estos tecnicismos leguleyos, siempre retorcidos y elitistas– un truño. ¿A qué se debe este cambio de opinión oficial, jamás visto? Me temo que a que, en esta ocasión, y por primera vez en la historia reciente de Catalunya, la ley en cuestión les afecta a ellos –a los políticos procesistas–. Y no pita. ¿Eso supondrá cambios en la ley? Da igual, pues el problema no es la ley, sino el hecho de que cuando la ley atraviesa el barrio Deep-State tiende a desaparecer. Es imposible blindar –ese adjetivo que tanto utiliza Junts– una solución. El momento blindar-soluciones, de hecho, ya pasó. Hace mucho. El 25-O de 2017, cuando el Gobierno Rajoy ofreció olvidarlo todo a cambio de elecciones autonómicas, y Puigdemont, ese genio, pidió formalizar eso por escrito –las puertas de atrás del Estado nunca son, en fin, por escrito–. ¿Votará Junts la ley, entonces? Sí. O no. El voto de Junts, en todo caso, no tendrá relación con la ley, sino con la partida de Chicken Game Eterna entre Junts y ERC, por hacerse con el votante de centro-derecha cat –un votante cada vez más a la derecha, por cierto; en la última encuesta del ICPS se visualiza que al votante procesista ya no le va la indepe, sino tan solo le pone la identidad y la cosa inmigración, ese llenapistas de las nuevas extremas derechas europeas–. Veamos cómo va esa partida, en todo caso. ERC apuesta por la amnistía, que plantea como un sacrificio personal de sus líderes –como Marta Rovira–, a cambio de que la amnistía se aplique a 1500 ciudadanos –la cifra de beneficiados, alehop, ha vuelto a crecer; importante, por cierto: el Fiscal General ha ordenado a los fiscales que hagan recuento de los casos abiertos, y cerrados, sensibles de ser amnistiados; creo que ese será el único censo fiable; será un censo más escaso de lo deseable, me temo, como veremos en breve, cuando visitemos el barrio Deep–. Junts, por ahora, se enfrenta a esa carta de ERC sacando otra carta, que no la supera, pero con la que va tirando: el pokemon que afirma –Boye dixit– que la amnistía, que es un boquete, solo blinda a Puigdemont. Es decir, que Junts lucha por la amnistía a pesar de que su jefe ya tiene su caso solucionado. Lo que, por otra parte, no solo no es cierto, sino que, simplemente, es una forma de disimular que el objetivo de la ley para Junts era, y es, la suerte de una sola persona. Y que ese objetivo único hace aguas. Jamás Puigdemont ha estado más cerca de una extradición como ahora, con el creativo cargo de terrorismo sobre la chepa, y cierto desamparo y desprestigio europeo, una vez que se ha vinculado, en el Europarlamento, al Procesismo con Putin. No hay ninguna razón, por otra parte, para que Junts vote la ley, en tanto que, además de no estar clara su efectividad, de todo lo pactado con el PSOE para la cosa investidura solo queda en pie el uso del catalán en el Congreso. Su uso en la UE, por ejemplo, ya parece haber sido archivado –à l’européen, sin chillos–. ¿Si Junts no vota la ley es el fin de la mayoría gubernamental? No. Esa mayoría seguirá igual de inestable, pactando cada ley con uno –o dos– partidos de Guerra Cultural. De por sí, y tal y como marca esa disciplina, muy sociópatas.
El Barrio Deep está que se sale. ¿Recuerdan aquellas semanas en las que la togacidad se la pasó firmando manifiestos anti-amnistía y anti pacto PSOE-Junts? Pues eso ya está dando su fruto, que no era otro que la creación de un bloque –esto es, de la marginación de quién no pertenezca a ese bloque– en la cosa Justicia. En la Junta de Fiscales del TS han quedado claras las proporciones de ese bloque, y la proporción, anecdótica, de lo que queda fuera de él: 12 contra 3 fiscales ven indicios de terrorismo en la cosa Tsunami, y 11 contra 4 ven que pueden empurar a Puigdemont por ello –visto lo visto, 14 contra 1 verían, en un día soleado, a la Virgen del Palmar–. Estas proporciones son dramáticas, y más si pensamos que los fiscales, si bien son autónomos, son un cuerpo gubernamental. Que se ha pasado al lado deep de la fuerza, zas, en modo Glorioso Movimiento Judicial. No está claro aún el desenlace de la partida, aunque es posible que la aceptación de terrorismo como animal de compañía tan solo dependa, a estas alturas, del grado de marginalidad al que quiera acceder el Fiscal General en su carrera futura, cuando salga disparado del cargo. Pinta, en ese sentido, que todo el pack Tsunami/terrorismo/Puigdemont acabará, más pronto que tarde, en manos de Marchena –ese sustantivo, como en su día los sustantivos estraperlo, Sofico, o colza, puede marcar, me temo, una época–. Sobre lo que está pasando tras esta pugna por utilizar el palabro terrorismo en un juicio por desórdenes: un fiscal, de turné por una radio tras la votación de la Junta de Fiscales, explicó, en un momento lápsus-lacaniano, en qué consiste el terrorismo new age, por el que aboga toda esta reacción. Y consiste, glups y sic, en acciones encaminadas a que “el Estado cambie de opinión”. Una mani, por ejemplo. Socorro. Importante: ¿cómo está quedando –ya, en este instante– la amnistía, esa cosa que aún no existe, a su paso por el Barrio Deep? Pues chunga. Por una parte, a) la cosa terrorismo y traición supondrá la desaparición de la amnistía en muchos casos –115, según la prensa procesista, poco fiable; puede ser la mitad o el cuádruple–, y por otra parte ahí está la cosa b) cambiar los tipos de los delitos, o su intencionalidad, lo que supondrá, tal vez, un boquete aún mayor. Exemplum: un joven ha sido condenado esta semana a más de 2 años en la Audiencia BCN por un delito de coacciones –y no de desórdenes, que es lo que aparentemente tocaría, con unos fiscales menos creativos–, delito que no entra en la ley de amnistía, por lo que no es amnistiable ni patrás.
En el Barrio Gubernamental hay sentimientos encontrados, pues se están haciendo cosas buenas y cosas menos buenas. Sobre las buenas: a) sin amnistía, aún existe el Gobierno, b) Sánchez se está revelando como un tipo que sabe mantener la verticalidad en terrenos inestables. En ese sentido, y una vez santificado, podría ser c) el santo patrón de los autónomos, si no fuera por la reforma de las pensiones para autónomos aprobada en la anterior legislatura, sanguinaria y truculenta. Por otra parte, tanto PSOE como Sumar han optado esta semana por d) dejar de modificar leyes para garantizar una amnistía no garantizable. Lo que supone e), una corrección y autocrítica a los cambios en el Código Penal del año pasado, un despropósito de poca utilidad, con el que se suprimió un supuesto de malversación y se creó una penalización mayor en algunos supuestos de desórdenes. Es importante también que f) Sánchez haya conseguido liderar, absolutamente, el discurso del bloque gubernamental. Ya nadie habla, por ejemplo, de referéndums, de catalán en la UE, de mediadores, sino de g) amnistía. Esto es, de nada, como se va apuntando. Sobre las cosas malas: a) no está claro que se llegue a aprobar la amnistía, ni, mucho menos, b) que sea operativa –en contrapartida, tampoco está claro que al PSOE le interese, en verdad, esa amnistía–. Y en la batalla en la judicatura, que se está perdiendo por KO, el Gobierno c) no ha facilitado chicha, discurso, lógicas, cosmovisiones al –sumamente hipotético– bloque de juristas y fiscales progresistas, más allá de defender la amnistía como un mal menor, un no-hay-mal-que-por-bien-no-venga. Nadie va a la guerra –o, incluso, a una rave–, por esas razones.
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