LA HABANA, Cuba. – Este viernes fue notificada la sentencia dictada en Bayamo contra media docena de médicos granmenses que fueron juzgados por —supuestamente— haber propiciado la muerte de un motociclista accidentado. De conformidad con la información publicada por este mismo diario, solo una radióloga resultó absuelta; los otros cinco facultativos recibieron sanciones “de uno a tres años de prisión domiciliaria”.
En este caso, la corte castrista realizó una notificación oral; o sea, que no entregó a los galenos una copia del documento. Espero que, de alguna manera, los interesados tengan acceso al texto íntegro. Cuando lo consigan, lo mejor que pueden hacer es divulgarlo en las redes sociales. Como dijera el libertador Bolívar, “al amparo de la noche no trabaja sino el crimen”. Es justo y necesario que los arbitrariamente sancionados hagan todo lo que esté a su alcance para difuminar esa oscuridad criminal.
Por lo que se ha publicado hasta el momento, se hace evidente que este asunto posee una envergadura y características diferentes de otras causas de carácter criminal. En él se ha puesto de manifiesto la arbitrariedad intrínseca en el sistema socialista burocrático, cuyo “aparato de justicia” (algún nombre hay que darle) constituye parte destacada del tinglado de la represión institucionalizada.
Según CubaNet, la cirujana Yoandra Quesada Labrada, una de las imputadas, se hizo eco de algunas manifestaciones importantes hechas por quien en definitiva resultara occiso: “El joven accidentado, temeroso por la situación y su salud, contó que había sufrido un accidente mientras manejaba a una velocidad superior a los 100 kilómetros por hora”.
Resulta fácil imaginar la tremenda envergadura de las lesiones que sufrió la víctima mientras circulaba de manera peligrosísima, a una celeridad tan exagerada. Diario de Cuba recoge otros planteamientos de la referida doctora, quien plantea: “Estaba estallado el riñón izquierdo (…); también el bazo”. Aquí en CubaNet se recoge otro aspecto importantísimo: “El 98% de las pancreatitis post-traumáticas fallecen”.
Y es a ese paciente, con lesiones de tanta envergadura, a quien los médicos del hospital bayamés acogieron, realizando todos los esfuerzos para salvarle la vida. Pero se encontraron con todo tipo de carencias, que recogen los referidos órganos de prensa: “no había aspiración porque el equipo no servía”; “no había sonda vesical, ni tampoco levine, un insumo ‘indispensable’ para la operación que pretendían realizar”.
La doctora Quesada Labrada narra cómo enfrentaron las gravísimas carencias: “Conseguimos un levine. Las suturas no las buscó ningún familiar, todas las puse yo (…) porque el salón, el hospital y el resto administrativo ninguno tenía de nada”. En otras informaciones circuladas a raíz del juicio se echan de menos otros insumos vitales: una “bandeja de punción abdominal” y hasta una sonda (que tuvo que ser facilitada por un urólogo que casualmente tenía una).
En medio de toda esa miseria, los doctores trataron de hacer todo lo humanamente posible por salvarle la vida al accidentado, pero no alcanzaron el éxito. Esto bastó para que fuesen expedientados y acusados (y ahora sancionados), con lo cual se pone de manifiesto, una vez más, la triste verdad que encierra el dicho popular: “La soga quiebra por lo más delgado”.
Porque es un hecho cierto que ni el director del hospital ni los jefes administrativos de Salud Pública a nivel provincial, y muchísimo menos al nacional (o sea, los verdaderos culpables del desabastecimiento criminal que se confrontaba en el centro asistencial), han resultado enjuiciados. Ese triste “honor” quedó reservado para los médicos de filas.
Otra cosa que llama la atención en este caso es la incoación misma del proceso penal y la sentencia sancionadora dictada ahora. ¿Una condena por la muerte de un paciente! ¿Y nada menos que contra cinco facultativos! ¿Cómo es posible tal cosa! La respuesta la brinda este mismo diario digital, que se hace eco de lo publicado en Facebook por otro galeno (Alexánder de Jesús Figueredo Izaguirre): “El joven fallecido era hijo de un ‘peje gordo’”. Como diría el inolvidable Cheo Malanga, el personaje creado por el genio de Enrique Arredondo: “¡Ah, bueno, así sí!”.
La enormidad de la barbaridad perpetrada en Bayamo por los fiscales y jueces del castrismo salta a la vista del simple enunciado de esa realidad: ¡fueron seis los médicos imputados y cinco los sancionados! ¿Cómo es posible semejante cosa! Si, como es lógico, uno solo de ellos ostentaba la jefatura del equipo y los otros estaban actuando bajo sus órdenes, ¿por qué estos figuran también como acusados!
Y conste que no estoy diciendo que la acusación contra el cirujano-jefe sea justa o tenga algún fundamento. ¡No puede serlo a la luz del cúmulo de dificultades que he señalado arriba! Pero yo, como lego en temas médicos, me digo que un team de cirugía actúa no como un club de debates, sino como un destacamento militar: se hace lo que diga el jefe y los simples miembros solo responden en la medida en que incumplan sus órdenes. ¿O no?
¡Razón tiene el colega Ernesto Pérez Chang cuando, en un trabajo publicado aquí mismo a fines del pasado noviembre, califica a los galenos bayameses como “víctimas de la ‘resistencia creativa’”! También cuando a nosotros, los potenciales pacientes residentes en la Isla, nos anuncia que el régimen “nos está condenando a todos a morir sin atención médica”.
A raíz de este turbio affaire, se han producido comentarios acerca de lo inconveniente y peligroso que resulta, para un facultativo, continuar ejerciendo su noble profesión en medio de tamaños peligros y tanta arbitrariedad. Y forzoso es reconocer que de esas advertencias e incitaciones podrá decirse cualquier cosa, menos que carezcan de fundamento.
En medio de esa situación, solo se me ocurre citar el testimonio de un cubano y médico ejemplar, que tuvo, hace ya varios decenios, la entereza de obrar de manera consecuente ante la situación profesional que tuvo que confrontar. Me estoy refiriendo al ilustre doctor Oscar Elías Biscet, quien, en medio de la enfermedad que sufre, tuvo la gentileza de responder algunas preguntas a este periodista.
El eminente facultativo me recordó que, a comienzos del llamado Período Especial, él se desempeñaba como jefe de la Sala de Medicina en el Hospital Nacional; también era especialista y profesor. En aquellos tiempos la Superioridad dictó la arbitraria prohibición de informar a los pacientes sobre la carencia de recursos.
Don Oscar Elías se negó a acatar tan arbitraria disposición, y optó por dejar de trabajar. Ahora, con la indiscutible autoridad moral que le otorga el haber predicado con el ejemplo, el doctor Biscet hace un planteamiento lapidario: “Los médicos deben reclamar ese derecho a trabajar con recursos y no engañar al pueblo; si no, que no vayan más a trabajar, como hice yo”.
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