La actual ley española de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, de 9 diciembre de 2013, que cumple estos días diez años, se dirige, según lo dispuesto en su artículo 1, a ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública y a reconocer y garantizar el derecho a la información.

Ampliar significa que la luz tenga más potencia e intensidad: abrir a la transparencia actividades hasta ahora oscuras u opacas y, sobre todo, que se vean los espacios de penumbra o de ambigüedad, los espacios donde florece, y de qué manera, esa peligrosa hidra de la corrupción que hoy, en tiempos de emergencia sanitaria, tantos estragos causa en lo que se refiere a la confianza de los ciudadanos en la actividad pública y en sus principales actores. Y reforzar parece que alude a hacer más fuerte la obligación de los entes públicos de mostrar a la ciudadanía cómo y de qué forma se gestiona lo que es del común.

Por eso, poco sentido tiene que nuestro país, España, que es uno de los últimos en aprobar una ley de transparencia, no haya incorporado en ella las más modernas tendencias sobre el derecho a la información de interés general desde la perspectiva de la máxima transparencia y la mínima restricción. Claro que habrá límites, es obvio que así sea, pero esas limitaciones, por razones de seguridad o de confidencialidad, además de estar muy claramente establecidos, serán de interpretación restrictiva. De lo contrario se corre el peligro de que la regla general con el paso del tiempo se acabe convirtiendo, como ya se constata en algunos países, en la excepción excepcional.

El derecho fundamental de todo ciudadano europeo a la buena Administración, recogido en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de diciembre de 2000 fue formulado para salir al paso, para reaccionar frente a la denominada, por el Defensor del Pueblo Europeo, mala administración pública. Mala administración que viene caracterizando desde hace unos años a numerosas Administraciones públicas y Gobiernos del área europea y que mucho tiene que ver con la escasa transparencia y publicidad reinante al interior de tantas instituciones y organismos públicos.

En efecto, la conformación como derecho fundamental de la buena administración pública es una relevante manera de subrayar el papel central del ciudadano en todo lo referente al manejo y conducción de los asuntos relativos al interés general. Tal derecho es configurado por la Carta Europea en atención a la equidad, a la imparcialidad, a la responsabilidad, a la transparencia y al plazo razonable en la resolución de los expedientes. Por tanto, la administración pública parcial, inequitativa, opaca, irresponsable y lenta es, a tenor de lo consignado en este precepto de la Carta, mala administración. Y hoy, en muchas latitudes, cuando se pregunta a los ciudadanos por la Administración, a pesar de lo mucho que se hace, siguen aludiendo a irracionalidad, lentitud, oscurantismo, opacidad….

Han pasado diez años y, sin embargo, persiste el silencio negativo, las autoridades ordinariamente no facilitan la información solicitada y los órganos encargados de velar por este derecho en buena medida están al albur de gobiernos y administraciones. En resumen: mucho ruido y pocas, muy pocas nueces.