Cuando se acumulan en nuestro calendario conmemoraciones del 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948) y del 45 aniversario de la Constitución española (recordando su ratificación en referéndum el 6 de diciembre de 1978), el Parlamento Europeo (PE) aprieta el paso en un esfuerzo por concluir los complejos procedimientos legislativos que deben cumplir las ambiciones proclamadas en el arranque de esta Legislatura 2019/2024.
Protección de la Naturaleza, Inteligencia Artificial, Pacto de Migraciones & Asilo, son, entre otros, algunos de los grandes objetivos que pueden ser completados antes del final de mandato, incluso antes de que finalice la Presidencia española del Consejo, cuyas conclusiones expondrá el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el próximo Pleno, el 13 de diciembre en Estrasburgo.
La negociación del nuevo Pacto de Migraciones y Asilo, compuesto de cinco Reglamentos entrelazados entre sí, tiene el objetivo de alcanzar un sistema que asegure de una vez, tras 14 años de vigencia del Tratado de Lisboa y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, un equilibrio aceptable entre responsabilidad compartida por los Estados Miembros (EEMM) y solidaridad vinculante entre ellos y con los migrantes y demandantes de asilo, como mandata el art.80 TFUE.
Este es, con seguridad, no sólo el asunto que más tiempo y energía nos ha consumido a los miembros de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del PE (Comisión LIBE) que tengo el honor de presidir, sino también el más difícil —por divisivo y motivo de confrontación política— de toda la agenda de la UE.
Sortear las diferencias entre el PE —única institución directamente electiva, legislador europeo con alcance supranacional, con actos legislativos que obligan a los EEMM con eficacia directa y primacía sobre sus ordenamientos internos— y el Consejo de la UE (reunión de los Gobiernos de los EEMM) es el nudo a desatar en esta fase final del procedimiento legislativo conocida como trílogo. Y su razón de ser es aproximar posiciones mediante concesiones mutuas.
Es notorio que, en la medida en que la legislatura europea ha venido avanzando, el número de elecciones nacionales en que el hecho migratorio resulta central o decisivo no ha hecho sino crecer; y no en la dirección de mejorar la mirada hacia migrantes y demandantes de asilo, sino en el de reforzar el control de fronteras exteriores y en la búsqueda de instrumentos de retorno de personas irregularmente arribadas al territorio de la UE, como muestra el reciente triunfo de la extrema derecha xenófoba en Países Bajos (uno de los EEMM fundadores de las primeras Comunidades Europeas, génesis de la integración supranacional aun hoy en marcha).
Parte de mis esfuerzos como negociador del Pacto de Migraciones y Asilo se ha centrado en argumentar que la recurrente queja de los Gobiernos de los EEMM a propósito del porcentaje de personas retornadas por estimarse que “no tienen derecho a permanecer” (estancias irregulares sin base para el asilo o protección internacional) —habitualmente raquítico, en el entorno del 10%—, sólo puede compensarse con un decidido refuerzo de la “dimensión exterior” de una Política Común de Migraciones & Asilo paralela al crecimiento y maduración de la Política Exterior, Defensa y Seguridad Común de la UE en su conjunto. Sólo mejorando el músculo diplomático y la capacidad negociadora de la UE —con personalidad jurídica única (art.47 TUE)— puede incentivar eficazmente la conclusión de acuerdos de repatriación voluntaria de personas, respetuosos de su dignidad y en el marco del estándar europeo de derechos fundamentales, que es, orgullosamente, el más alto del mundo.
Desmantelar el modelo de negocio de las organizaciones criminales de tráfico y explotación de personas (referidas como “mafias”) exige, por su parte, intensificar el alcance de las vías legales y seguras de migración hacia la UE y de acceso a las oportunidades regladas de trabajo que debe ofrecer a personas procedentes de terceros países una sociedad envejecida y con demografía declinante (con la correlativa pérdida de peso global, en términos económicos —PIB— y comerciales). El combate a los tráficos ilícitos (Smuggling & Illicit Trafficking of Human Beings) sólo puede acometerse con cierta garantía de éxito si se corrige la injusticia que entraña que toda persona que huya de la desesperación dispuesta a arriesgarlo todo —incluso la propia vida y la de sus seres queridos— en el empeño de intentar poner el pie en la UE sólo pueda abrirle paso a su determinación aherrojándose en las manos de esas mafias sin escrúpulos, con las que contraerá una deuda inasumible, cuyo pago —bajo extorsión— la perseguirá durante años, si es que no el resto de su vida.
Vías legales y seguras son, pues, el carril paralelo en que el trabajo de la Comisión LIBE se ha ejercitado a fondo en esta Legislatura 2019/2024 ya próxima a su final (las próximas elecciones tendrán lugar en junio de 2024). La caja de herramientas al respecto es elocuente de campo de actuación, que ha sido subestimado durante demasiado tiempo: corredores humanitarios ante catástrofes en la vecindad, más próxima e inmediata que nunca antes en la historia en un mundo globalizado; visas humanitarias que puedan autorizar el viaje de aquellas personas que sufren persecución por cualesquiera motivos (como quienes colaboraron con la agenda de la UE en Afganistán, amenazadas ahora por la reinstauración de la tiranía de los talibanes); y sobre todo completar —finalmente, y cuanto antes— el denominado “Legal Migration Package”: Directiva de Permiso Único de trabajo de personas extranjeras en la UE; Directiva de Permiso de Residencia de Larga Duración; Directiva de Tarjeta Azul para trabajadores cualificados (Talent Pool); Directiva de Trabajadores Desplazados y Directiva de Trabajadores Temporales.
Esperamos conseguir sacar adelante el Pacto de Migraciones y Asilo. No tendrá, sin embargo, efectos instantáneos ni mucho menos milagrosos: requiere perseverancia, estrategia duradera, sostenibilidad y compromiso leal de cumplimiento de las reglas con seguridad jurídica por los EEMM.
Sin duda, mucho por hacer. Antes y después, por supuesto, de las próximas elecciones europeas, junio de 2024.
*Por Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado socialista y presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo.
Esa mirada europea a migrantes y asilados: ¡Queda tanto por hacer!
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10.12.2023
Cuando se acumulan en nuestro calendario conmemoraciones del 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948) y del 45 aniversario de la Constitución española (recordando su ratificación en referéndum el 6 de diciembre de 1978), el Parlamento Europeo (PE) aprieta el paso en un esfuerzo por concluir los complejos procedimientos legislativos que deben cumplir las ambiciones proclamadas en el arranque de esta Legislatura 2019/2024.
Protección de la Naturaleza, Inteligencia Artificial, Pacto de Migraciones & Asilo, son, entre otros, algunos de los grandes objetivos que pueden ser completados antes del final de mandato, incluso antes de que finalice la Presidencia española del Consejo, cuyas conclusiones expondrá el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el próximo Pleno, el 13 de diciembre en Estrasburgo.
La negociación del nuevo Pacto de Migraciones y Asilo, compuesto de cinco Reglamentos entrelazados entre sí, tiene el objetivo de alcanzar un sistema que asegure de una vez, tras 14 años de vigencia del Tratado de Lisboa y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, un equilibrio aceptable entre responsabilidad compartida por los Estados Miembros (EEMM) y solidaridad vinculante entre ellos y con los migrantes y demandantes de asilo, como mandata el art.80 TFUE.
Este es, con seguridad, no sólo el asunto que más tiempo y energía nos ha consumido a los miembros de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del PE (Comisión LIBE) que tengo el honor de presidir, sino también el más difícil —por divisivo y motivo de confrontación política— de toda la........
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