La política española se desarrolla en el seno de una sociedad sin referentes democráticos, que vive al margen de sus instituciones y, como alternativa, utiliza la calle y la algarada. Los ciudadanos nos sentimos indefensos ante unos políticos que nos mienten y manipulan, ocultándonos la verdadera realidad de lo que hacen y acuerdan; y somos rehenes de unos medios de comunicación -el cuarto poder- politizados y sectarios, sede de tertulianos más politizados y sectarios todavía, que se gritan e interrumpen continuamente como reflejo y expresión de todos los males de nuestra sociedad. Todos afirman que este país es una democracia -algunos se atreven a añadir que avanzada- y un Estado de Derecho, cuando es evidente y se pone de manifiesto continuamente que, cuanto menos, es una democracia precaria y un Estado de Derecho aún más precario, porque no pueden subsistir tales calificativos si no se respeta política y socialmente la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial, es decir, de los jueces. En octubre de 2020 todas las asociaciones judiciales, excepto Juezas y Jueces para la Democracia, solicitaron formalmente reunirse con los principales partidos políticos para entregarles las casi veinte mil firmas recogidas en apoyo del Manifiesto Ciudadano por la Independencia Judicial. En mayo de 2018, en torno al 60% de los jueces y la mitad de los fiscales de este país hicieron una huelga en demanda de independencia y atención. Y estos días se han producido numerosas manifestaciones de jueces y fiscales en demanda de lo mismo. Ahora bien, ¿es solo la deficiente cultura democrática de la sociedad española la responsable de este deplorable estado de cosas? Pues no, hay que apresurarse a contestar negativamente. Una parte decisiva de culpa la tienen las fuerzas políticas, que han legislado en el sentido de una intensa politización y control del Poder Judicial y de sus miembros; y también los propios jueces, que han aceptado y utilizado esa politización y ese control. Para empezar, el condenable sistema de las cuotas, según el cual son los partidos los que proveen con jueces ideológicamente afines todos los cargos judiciales. El correlato son esas no menos condenables asociaciones de jueces y fiscales, que funcionan como auténticos partidos políticos y comportan profundos sesgos ideológicos. Y no lo digo yo, lo dijo Carlos Lesmes, el entonces presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Una de ellas dice estar formada por jueces para la democracia, como si los demás jueces no fueran demócratas. Otra se define como asociación profesional, como si los demás jueces no fueran profesionales. Y así sucesivamente. Muy mal van las cosas cuando podemos hablar de jueces progresistas y conservadores, nombrados por un partido o por otro, cuyas sentencias y resoluciones coinciden -casualmente- con su orientación política. De modo que los jueces que ascienden y ocupan los cargos relevantes son los propuestos y promocionados por estas asociaciones. Mientras tanto, los jueces van a la política, se significan partidariamente y después regresan al ejercicio profesional. Todo permitido y amparado por la Ley. A pesar de todo, hay intensos rumores sobre la existencia de un Poder Judicial independiente en España. Pero son rumores sin confirmar.