La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha dado el visto bueno a que se debata que las profesiones de Policía Nacional y Guardia Civil pasen a ser consideradas de riesgo. La iniciativa de la Confederación Española de Policía ha salido adelante pese a que los eurodiputados del PSOE, Sumar, el BNG, ERC y Podemos han votado en contra. La Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial, que integran 13 organizaciones profesionales, ha pedido que se les reconozca que su profesión entraña un inseparable riesgo para su vida, y que se declare a Cádiz como zona de especial singularidad por los particulares desafíos que allí enfrentan contra la delincuencia.

En España gozan de la calificación de profesión de riesgo los Mossos, la Ertzaina, la Policía Foral de Navarra, los policías locales, los bomberos, los trabajadores ferroviarios e, incluso, los artistas, cantantes y bailarines, pero no los Policías Nacionales o los Guardias Civiles. El encargado de determinar qué profesiones son o no de riesgo es el Ministerio de Trabajo, hoy a cargo de Yolanda Díaz. La votación unánime de la izquierda se comenta sola, sobre todo si añadimos que el ministro del Interior hace dos años desmanteló el OCON-Sur, la unidad de élite de la Guardia Civil para luchar contra el tráfico de drogas en el estrecho de Gibraltar.

Lo menos que puede inferirse de todo lo anterior es un maltrato sistemático a un cuerpo que no en vano se califica de benemérito. Habría que añadir, además, que el maltrato sistemático se extiende a sus bajos salarios y a la negativa también sistemática a su equiparación salarial con las policías autonómicas. Un maltrato compatible con grandilocuentes elogios vacíos de contenido de nuestros gobernantes. El maltrato que denunciamos se puso de manifiesto con particular intensidad en el asesinato de dos guardias civiles perpetrado en Barbate. En primer lugar, no se ha informado sobre quién dio la orden de que unos guardias salieran a la mar a jugarse la vida en una zódiac, que es poco más que un flotador, en contra de una gigantesca narcolancha de cuatro motores que la superaba abrumadoramente en todo.

Los medios guardan silencio al respecto, y hemos entendido, no sabemos si correctamente, que un coronel desde la Comandancia de Cádiz y a través de un capitán les indicó que salieran “a hacer lo que pudieran”. Las patrulleras de la Guardia Civil son muy inferiores, y, además, resulta que todas están averiadas desde hace meses, sin que nadie explique por qué no se han arreglado todavía. Las narcolanchas están prohibidas en España desde hace poco, pero esa prohibición para el conjunto de los ciudadanos no tiene por qué impedir su uso militar por la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico. La burocracia y la incompetencia que siempre acompañan a la política española.

Max Weber caracterizó al Estado por su monopolio de la violencia legítima en un territorio. Si una organización alternativa destruye ese monopolio lo convierte en un Estado fallido. Y todo Estado fallido está regido por un Gobierno también fallido, que no justifica, por ejemplo, los impuestos que cobra a sus ciudadanos para garantizar que están protegidos precisamente de esa violencia alternativa. Pedro Sánchez y su ministro del Interior no deberían olvidarlo.