Aunque PP y Vox quieran llevar legítimamente a la calle el debate sobre la amnistía a los implicados en el llamado ‘procés’, la única verdad es que ahora el asunto está en manos del Parlamento y de la Justicia, incluido el Tribunal Constitucional. Es decir, en los cauces que marca la Carta Magna. Los que hablan de fraude electoral ignoran a sabiendas las normas, y los que aseguran convencidos que la mayoría de los españoles está en contra de esa ley de olvido, lo hacen por puro cálculo subjetivo, ya que eso no se ha sometido tampoco a consulta y por lo tanto a día de hoy no está demostrado.

Es evidente que las manifestaciones han sido y están siendo muy numerosas y demuestran una gran insistencia y convicción, pero tampoco son las más masivas de la historia. Y hasta donde sabemos, el futuro del país (de España entera) se marca en el Parlamento, en el democrático juego de las mayorías. No hace mucho también se decía que Pedro Sánchez había llegado al Gobierno asegurando que no gobernaría con Podemos, que no pactaría con Bildu, que no habría indultos y que por eso, y muchos otros engaños a los españoles, debería convocar elecciones para que estos se pronunciaran y que, consecuentemente, lo echarían de la Moncloa. Y cuando las convocó en resultó que obtuvo más votos y diputados que en las anteriores, lo cual a la postre le ha permitido volver a gobernar, con el refrendo de una gran mayoría parlamentaria. Así que muchos deberían tomarse un tiempo antes de afirmar que el rechazo a la amnistía implicará un menor apoyo electoral a los socialistas. Sin embargo, por esa misma aritmética parlamentaria, hay que deducir que la medida de gracia tiene en contra a casi la mitad de la población o quizá la mitad, si contamos a los supuestos votantes de izquierdas en desacuerdo con la medida. Y ahí se me antoja que Pedro Sánchez tendrá un trabajo duro y probablemente infructuoso, aunque eso sólo lo dirá el tiempo. Su éxito o fracaso vendrá de que el resultado, es decir que el ya iniciado sometimiento de las acciones independentistas a los métodos constitucionales se confirme, que la vuelta al redil sea la contrapartida que convenza a los numerosos contrariados por esta clarísima cesión a los sediciosos condenados o perseguidos por la Justicia. O de que la oposición a la amnistía merezca que en lugar del actual gobierno tengamos uno que junte a la derecha clásica del PP con la ultraderecha nostálgica franquista de Vox.