Nunca tantos ciudadanos se habían manifestado libre y pacíficamente en toda España para protestar y rechazar una decisión del Gobierno. De un Gobierno en funciones y de unos partidos unidos en torno al PSOE y a Sumar exclusivamente para «evitar dar una segunda oportunidad a la derecha» y para tener permanentemente en sus manos al gobierno que se forme. Nunca tantas instituciones y organismos de la justicia, de los colegios profesionales, de la policía, de la guardia civil, de los funcionarios, de la empresa, de la sociedad civil habían manifestado su desacuerdo ante una ley que es arbitraria e injustificada, que compra el relato del independentismo, que deslegitima a los jueces, que no tiene el consenso político y social necesario y que es institucionalmente desleal. Y todo ello sin ninguna contrapartida por parte de los que se van a beneficiar de la ley: ni han renunciado a la unilateralidad de forma absoluta y sin reservas, ni han pedido perdón o disculpas por lo hecho a la mayoría de ciudadanos catalanes a los que siguen discriminando, ni por supuesto al resto de los ciudadanos españoles.

Este duro golpe a la política en su mejor expresión, a la separación de poderes, a la igualdad entre territorios y entre ciudadanos no tiene justificación. O sólo una. Los partidarios de la generosidad para cerrar un conflicto y de estirar los márgenes constitucionales como un chicle saben que si Pedro Sánchez no hubiera necesitado los siete votos de Junts --por cierto, sólo uno más de los que el PP consiguió en Cataluña-- no habría cambiado radicalmente su absoluto rechazo a la amnistía, proclamada decenas de veces. No lo planteó tampoco en la campaña electoral, todo lo contrario. Sin duda porque si lo hubiera dicho muchos socialistas habrían cambiado su voto en Cataluña y fuera de ella. Pero desde marzo venía «hablando» con los independentistas sobre esta posibilidad y tras el resultado electoral supo que era la única baza, al precio que fuera, para seguir en el poder. Y cambió sus principios, los que sean si es que son.

Sánchez ha roto definitivamente todos los puentes de diálogo con el PP y, por tanto, la posibilidad de hacer todas las reformas urgentes y de fondo que necesita España y que no son, de ninguna manera, las que apoyan Junts, ERC, Bildu, PNV, BNG, Podemos e incluso Sumar. Pero esos son los que van a gobernar España desde el chantaje permanente. Por eso es imprescindible mantener el No es No hasta el final.