LA Cataluña convergente vuelve a la carga, empresarios, patronales y cámaras de comercio regresan al punto de partida de hace 12 años, cuando Artur Mas después de una Diada le exigió a Mariano Rajoy un pacto fiscal como el vasco, y aquello se fue complicando hasta acabar en el intento de independencia. Cataluña se rearma de argumentos ante una situación que ahora le es más favorable: primero, porque gobierna el PSOE y en el PSOE influye bastante el PSC en estas materias de dinero y segundo, porque proponen varias opciones, desde el cupo a una financiación “federalizada”, un abanico de proposiciones que confluyen en el mismo clavillo: acabar con lo que llaman déficit fiscal catalán, aunque sea por etapas. Más dinero para la Generalitat, menos para el resto.

Andalucía es la comunidad más concernida por esta nueva alianza catalana porque sería de las más perjudicadas y porque, al fin y al cabo, es la líder en población y, de momento, en España lo que cuentan son las personas. Sin embargo, la respuesta de la Junta no puede ser la de la emulación de las ambiciones catalanas porque sus fórmulas no nos sirven. Un cupo andaluz sería como una cartilla de racionamiento.

La imitación ha sido la constante desde la década de los ochenta y sirvió como estrategia durante décadas, fue eso lo que nos trajo el autogobierno y las competencias. De hecho, el segundo Estatuto andaluz fue un intento de mantener embridada las ambiciones asimétricas de Pascual Maragall, que ya había comenzado a dar la tabarra con la ordinalidad, concepto que significa que las comunidades ricas no podrán perder puestos en ingresos a la hora de repartir.

La ordinalidad de Mas-Colell regresa. En resumidas cuentas: que si Madrid es la comunidad donde más impuestos se recaudan, sea la primera en volumen de ingresos del Estado. Si Cataluña es segunda, la segunda, así que a los andaluces les tocaría por ley vivir al amparo de un Gobierno autonómico más pobre porque en el sur somos más pobres. Ese es el resumen de todo esto.

Por eso la respuesta ya no puede ser que Andalucía debe tener lo mismo que Cataluña. Ni el traspaso de Cercanías nos resuelve nada ni la concesión de un porcentaje mayor en la tarta de los impuestos nos ayuda porque a Andalucía le conviene lo contrario, un Estado redistribuidor y garante de la cohesión territorial.

Solventada la amnistía, llega la peseta y el contexto de unas elecciones catalanas en las que el PSC necesitará nuevos reclamos da muchas alas a quienes vuelven a la carga con su financiación a la carta.