EL Consejo Consultivo de Andalucía era uno de esos organismos que Ciudadanos iba a disolver cuando gobernase, pero los naranjas fueron convencidos de la imprescindibilidad de una institución que no es cierta: en Madrid se disolvió el Día de los Inocentes de 2015, y a su Gobierno autonómico lo asesora ahora el gabinete jurídico de la propia comunidad. El Gobierno andaluz va a reformar el propio para dotarlo de nuevas funciones, que es el modo en que se engordan los órganos de dudosa competencia y, entre éstas, le asigna con letras doradas el lugar de retiro de los ex presidentes de la Junta. No es una novedad en España, en muchas comunidades los ex presidentes autonómicos se pueden retirar con retribución en estos consultivos, lo que no añade sin embargo un argumento novedoso a su dudosa inutilidad.

Andalucía no cuenta con un estatuto del ex presidente de la Junta. Manuel Chaves concedió un pequeño complemento de pensión que fue anulado por su sucesor, José Antonio Griñán. Hasta ahora ni formaban parte, por derecho, del Consultivo ni gozaban de presupuesto, oficina y personal como en los casos de Cataluña y el País Vasco, donde sus molt honorables y lehendakaris se retiran de un modo un tanto versallesco.

Aprovechando el despiste navideño, el PP ha presentado en el Parlamento andaluz una proposición de ley para dotar al Consejo Consultivo de nuevas funciones y dar cabida a todos los ex presidentes de la Junta que lo deseen hasta cumplir los 75 años. Cuando el Gobierno de Juanma Moreno quiere marcar distancias con algunas de sus decisiones más íntimas, como el proyecto de ley de regadíos de Doñana, manda al grupo popular a que ejerza su iniciativa legislativa, de modo que en la Cámara ya se ha registrado esta reforma que fue bendecida por el PSOE a los cinco minutos de ser presentada ante los medios. Debe ser el espíritu de Doñana.

Tiene sus nombres y sus apellidos. Manuel Chaves y José Antonio Griñán no podrán formar parte del Consultivo porque están inhabilitados por el Supremo, pero a Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla, que superan los 75 años, se les concede un mandato extraordinario si así lo desean. Escuredo, de 80 años, ya había sido miembro de derecho del Consultivo por la designación del Gobierno, y ahora podrá estar cinco años más, tantos como fue presidente de la Junta.

Por consideración y para evitar otros problemas, los ex presidentes de la Junta deberían tener un estatus, aunque debiera estar acotado en el tiempo: este resultado se parece mucho a un arreglo vitalicio para algunos.