ES de manual. La pugna entre el frentepopulismo y unas derechas extremistas conduce de modo inexorable a la extinción de las instituciones democráticas, es como un huracán que se retroalimenta de insultos y descalificaciones mutuas hasta saltar a una fase violenta cuyo prólogo es la negación del otro. España no se va a romper porque Cataluña nunca será independiente –hay demasiados españoles allí para eso– ni esto es la antesala de 1936, porque aquella fue una guerra fruto del siglo XX, pero la convivencia en el país se está quebrando. Estamos rozando un punto sin retorno que sólo podrían evitar, paradójicamente, el PSOE y el PP mediante un consenso tácito sobre las mismas bases de entendimiento de 1978.

Sin embargo, no parece que el presidente Pedro Sánchez vaya a ser un heraldo de la terapia del bálsamo si nos atenemos a los 45 minutos que dedicó en su discurso de investidura a descalificar a toda la oposición. El PSOE aún no es el Frente Popular ni el PP es una fuerza reaccionaria, pero la deriva de estos días es muy inquietante, hay que detenerla para bien del país y eso sólo lo pueden hacer los partidos centrales.

Vox se ha bautizado como un partido ultra en las calles de Madrid, viene amparando las movilizaciones violentas frente a las sedes del PSOE, donde cada noche se juntan neonostálgicos carlistas, falangistas, nazis y tradicionalistas como fuerzas de choque de un malestar general en la derecha. Cuando el líder de estas vanguardias, Santiago Abascal, califica de golpe de Estado la investidura, ataca de lleno a todas las instituciones implicadas, incluida la Corona.

Aún hay más pirómanos. Miguel Tellado, número tres del PP, ha degradado al Constitucional a tribunal de parte y ha deseado que el presidente salga de España “dentro del maletero de un coche”. El hijoputismo de Díaz Ayuso está muy extendido. El PP ha formado gobiernos de coalición con Vox en varias comunidades autónomas y en cientos de municipios, desde donde se trabaja para acabar con los consensos generales que permitieron a España incorporarse a la primera liga de los países democráticos.

Junts consiguió del PSOE que firmase un acuerdo de legislatura que incluye una consideración, el law fare (la guerra judicial con fines políticos), que supone la negación de la división de poderes sobre el que se asientan todas las democracias. Finalmente, el término desapareció de la proposición de ley de amnistía presentada por los socialistas, pero es necesario que su partido explicite que nunca intentará modificar procesos o sentencias desde el Parlamento.

No es equidistancia, la democracia exige de posiciones beligerantes ante los extremos que la consumen.