EL Congreso de los Diputados comienza a parecerse al Parlamento catalán del segundo semestre del 2017, y no es broma en ninguna de las acepciones de esta palabra. El procès fue una mezcla de arrojo y temeridad, pero también de ridículo e irresponsabilidad: declaraciones de independencia con caducidad inmediata, letrados que advertían de la inconstitucionalidad de las leyes que los parlamentarios se disponían a aprobar, sesiones que se suspendían porque la Mesa no acertaba a discernir qué era lo que se iba a validar, plantones de diputados, ruedas de prensa que se anulaban con la misma celeridad que eran convocadas: aquello era un quilombo que finalizó con la huida de quien fuese el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Por momentos, aquellos políticos catalanes parecían o miembros de La Trinca o una parodia de Polònia.Pero no, no es que fuesen irresponsables, sino que carecían de ataduras porque la Constitución y la legalidad dejaron de ser los márgenes donde se desarrollaba la política. Alguien definió aquello con finura como un golpe parlamentario revolucionario en el que lo anterior no tenía validez porque se estaba instaurando algo nuevo, un proceso que comenzó con las dos leyes de desconexión del mes de septiembre que desembocaron en el referéndum del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia. No es que fuesen irrespetuosos e irresponsables, es que vivían un proceso constituyente; sí eran tremendamente ridículos, pero porque aquello no tenía ningún anclaje en la realidad.De Puigdemont se dijo que militaba en Convergencia, el antiguo centro derecha catalán, aunque pensaba como un independentista de ERC y se comportaba como un activista de la CUP, y después de seis años de fuga este carácter se ha agravado, porque Junts es un partido construido por él a su semejanza, no hay ni balanzas ni contrapesos.El rechazo por parte de Junts del proyecto de ley de amnistía obedece a ese mismo desprecio de la legalidad. Aunque el PSOE se desgañite en explicarle que no puede ir más allá de unas concesiones ya de por sí humillantes a causa de los márgenes constitucionales, Junts no entrará en razón porque su marco es otro, ni el de la legalidad española ni siquiera el del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Puigdemont ha inoculado su virus en el Parlamento español. Es más, no hay que despreciar que Junts también contemple la posibilidad de forzar una ley a sabiendas que el Constitucional la rechazará, porque esa fue la espoleta el procès, la enmienda mayúscula de ese tribunal al Estatut de 2016.