LA cosa va de chistes, de esos que tanto añora Alfonso Guerra, ese hombre que pivota entre Paco Gandía y Gustav Malher, pero contado por Óscar Puente, que no es guerrista, aunque también cultiva el humor de barra de bar. Que dice el nuevo ministro de Transportes, por la gloria de mi mare, que la amnistía no tocaba ahora, pero sí para más tarde, y lo ejemplifica de este modo, atención: “Podrían preguntar: ¿Oye, usted se habría casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer? Pues a lo mejor en este momento no, pero nos queremos mucho y seguramente dentro de seis meses nos hubiéramos casado también. Pues esto es lo mismo”. Es decir, una amnistía de penalti. Sujétame el cubata. Séneca no lo hubiera hecho mejor.

La defensa de la amnistía sólo tiene un argumento, que es el que se expresa en la exposición de motivos de la proposición de ley presentada por el PSOE –el de la convivencia en Cataluña–, pero la filigrana jurídica deja un flanco abierto y desprotegido que le conferirá una debilidad extrema cuando el caso llegue, que llegará, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el de la autoamnistía.

Es decir, que no se trataría tanto de resolver un problema de convivencia de una manera política, sino de solventar los problemas penales de quienes han favorecido la llegada de un nuevo Gobierno por medio de siete votos en una investidura. Como el lawfare, la autoamnistía tiene sus ejemplos en Hispanoamérica, que es tierra fértil para todo tipo de desmanes populistas.

Pedro Sánchez no estaba contento con la anterior ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y sus razones tenía: prueba de ello es que la huelga de Renfe por la oposición de los ferroviarios a entrar en nómina de la Generalitat se ha solventado en una tarde, pero el sustituto es un reconocido bocazas que ya tuvo que ser apartado de la portavocía de la dirección socialista.

La declaración de Óscar Puente no es determinante para ningún tribunal, es un chascarrillo chusco sin recorrido, pero lo que ha hecho es dejar desnudo el talón de Aquiles de la futura ley, de revelar por dónde respiran los temores del Gobierno, por esa transacción que intercambia investidura por medidas que sortean la vía penal. Todo lo demás son brochazos gordos, ésa es la nuez del asunto.

Esto también demuestra que el comportamiento del grupo socialista no fue el adecuado en la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, irrespetuoso con ese momento institucional en el que se recurrió a las bufonadas de Óscar Puente para denigrar al contrario.