Constanza Hube

El Gobierno presentó al Congreso, a comienzos de este año, una nueva regulación pesquera que sin duda tiene luces, pero principalmente sombras.

Partamos por las luces: el reforzamiento del rol de los Comités Científicos en la determinación de las cuotas pesqueras resulta destacable. Esta propuesta es coherente con la modificación legal de 2013, la que ha permitido la orientación científica en la toma de decisiones, limitando el rol de las autoridades políticas.

Estas luces se ven opacadas por la reducción de la cuota asignada al sector industrial con el objeto de “transferirla” al sector artesanal. Esta idea no es nueva (ni su connotación ideológica), y ya se anunciaba en el programa de gobierno de Apruebo Dignidad junto a la promesa de “anular la corrupta Ley de Pesca”.

“Varias medidas de la propuesta del Gobierno chocan contra la evidencia, la realidad y las particularidades de un mercado complejo como es el pesquero”.

El proyecto presentado busca aumentar el porcentaje de cuotas pesqueras que se asignan mediante licitaciones. En una industria “común y corriente”, ¿tendría sentido recurrir al sistema de licitaciones? Por supuesto que sí, pero no es el caso de la pesca. La evidencia internacional demuestra que los pocos países que han adoptado sistemas de subastas para la asignación de cuotas pesqueras, han sido experiencias poco exitosas (Rusia, Estonia, por ejemplo). En Chile tampoco ha sido positiva la experiencia, ya que en los casos excepcionales de subasta que han existido en nuestro país para pesquerías más pequeñas, sus resultados demostraron altos niveles de concentración.

La propuesta del Gobierno, además, reduce a 10 años la duración de las licencias transables de pesca, que hoy son de 20 años, renovables y con vigencia hasta el 2033. ¿Qué se busca con este cambio? Se señala que la reducción a 10 años se justificaría para generar un “mayor dinamismo en el mercado”. Sin embargo, nuevamente estas medidas chocan contra la evidencia, la realidad y las particularidades de un mercado complejo como es el pesquero.

¿Existe en el mundo alguna actividad que trabaje sobre recursos naturales, con grandes inversiones y que cada 10 años deba licitar sus permisos y ver si puede o no seguir operando? Difícil de encontrar. Basta señalar, a modo de ejemplo, que la depreciación de un barco pesquero implica el transcurso de más de 20 años.

Generar una regulación deficiente es fácil, mientras que regular bien es complejo y requiere de un análisis profundo y serio, además de público y transparente, que no solamente mida el impacto de la futura regulación en el crecimiento y en el empleo, sino que además advierta sobre si la propuesta planteada responde verdaderamente el problema de política pública que se pretende solucionar.

En un escenario en que el Presidente de la República llama a los empresarios a tener confianza e invertir, resulta difícil aceptar esta “invitación” cuando lo que se dice es contrario a lo que se hace, cuando la ideología enturbia las señales económicas presentando proyectos de ley que cambian las reglas del juego. La certeza jurídica es indispensable para el desarrollo de cualquier inversión. ¿Hasta cuándo las obsesiones ideológicas seguirán primando sobre la realidad?