Javier Milei ganó la Presidencia argentina el año pasado contra todo pronóstico: no tenía trayectoria política ni de servicio público, por ende, carecía de una base electoral construida a base de redes partidarias y estatales; no adhería a ninguna vertiente del peronismo, la corriente ideológica que bajo distintas variantes ha dominado la política argentina por décadas; no prometía tiempos mejores, sino más duros; y sobre todo, proponía un programa liberalizador y desregulador que, de implementarse a rajatabla, pretende romper con un Estado clientelista, proteccionista y asistencialista (además de muy carcomido por la corrupción) del cual dependen millones de personas y miles de empresas.

Que los argentinos estuvieran dispuestos a elegir a un candidato tan disruptivo da una medida importante de hasta qué punto estaban decepcionados de una crisis económica en apariencia interminable, bajo sucesivos gobiernos de signo peronista (salvo la breve y poco afortunada gestión de Mauricio Macri), en su última versión de línea kirchnerista.

Dicho esto, siempre existió la interrogante -aun hoy- de hasta qué punto esa decepción ciudadana estaría dispuesta a pagar los costos de un programa libertario radical como el de Milei que, entre otras cosas, incluye reformas, desregulaciones y privatizaciones que, al menos en el corto plazo, impondrán penurias a muchos argentinos en términos de empleo, inflación y depreciación de la moneda, por ejemplo.

El paro general de la semana pasada (que al parecer no tuvo la convocatoria masiva que esperaba la oposición y temía el oficialismo) y el complejo tránsito de la agenda legislativa de emergencia de Milei en el Congreso (en concreto, el Decreto Nacional de Urgencia y la llamada Ley Ómnibus) son expresiones de la inevitable resistencia que enfrentará el Gobierno. Con todo, un oportuno recordatorio, tal vez, de que si bien muchos de los cambios que plantea el Ejecutivo son necesarios e incluso urgentes, la democracia impide gobernar “con motosierra”.

La oposición, por su parte, haría bien en recordar que el obstruccionismo obcecado le hace un flaco favor tanto a la democracia como al buen gobierno. Sin duda, lo último que necesita Argentina es más de lo mismo.