Uno de los problemas del proyecto de ley de pensiones es que, desde la mirada política, encarna mucho del espíritu expresado en la consigna “fin de las AFP”. De hecho, justamente para terminar con el actual sistema y remplazarlo por uno nuevo, la propuesta del Gobierno modifica tres elementos en forma conjunta: separa la industria entre la gestión financiera de los fondos y la administración de cuentas; cambia el sistema de cobro de comisión; y además licita cada año un 10% del stock de fondos administrados.

Realizar simultáneamente estos tres cambios resulta, por un lado, contradictorio con los diagnósticos del propio Gobierno para justificar su reforma; por otro, un cambio tan drástico en un período reducido de tiempo -en una industria clave para el funcionamiento del mercado de capitales- denota un voluntarismo que raya en lo irresponsable.

El Ejecutivo sostiene que la administración de cuentas genera grandes economías de escala que las AFP no estarían traspasando a los afiliados, por lo cual sería positivo contar con un administrador único que se licite. El argumento es cuestionable, pues no es claro que un solo ente licitado efectivamente traspase esas supuestas economías de escala, dada la complejidad de las funciones y el que no pueda ser una de las administradoras actuales.

Adicionalmente, se licitaría todos los años un 10% de la cartera para lograr una baja de comisiones. ¿Pero con qué objetivo, si las economías de escala estarían en la administración de cuentas? En cambio, la gestión financiera es un mercado competitivo, y además el costo de esta función es menos del 10% del total, por ende, no sería necesaria la licitación. Surge entonces la preocupación de que el objetivo sea simplemente lograr que el inversor estatal gestione cartera, con los riesgos que eso genera.

Por último, el cambio en el sistema de cobro de comisión genera una transición compleja y larga, ya que los gestores deberán cobrar en función del tiempo cotizado del afiliado para evitar el doble cobro, lo que complejiza aún más la licitación del stock.

En definitiva, el proyecto de pensiones del Gobierno abarca demasiados temas complejos en forma simultánea, generando efectos muy difíciles de predecir. Un enfoque más acotado y gradual parece más técnica y políticamente viable.