Según consignó DF el viernes pasado, a partir del 1° de marzo la Secretaría de Gobierno Digital, hasta ahora radicada en la Segpres, comenzará a operar bajo el alero de la Subsecretaría de Hacienda. Ello se entiende como un reforzamiento del esfuerzo general por modernizar el Estado, asignando a Hacienda un rol clave de agrupar diversas funciones y departamentos especializados (Gobierno Digital, Secretaría de Modernización del Estado y Laboratorio de Gobierno). Junto con este cambio, la reubicada secretaría verá aumentar su presupuesto en 33% respecto del año pasado, a $ 11.570 millones.

Es bienvenido el énfasis en mejor gobernanza digital, pero la modernización del Estado requiere mucho más que eso.

Es bienvenido el foco en gobierno digital como parte de la indispensable modernización del Estado. Se trata de un desafío complejo, como muestra la variedad de objetivos de la entidad para este año: expandir la Clave Única; firma electrónica avanzada para funcionarios del Estado (FirmaGob); plataforma de comunicaciones oficiales del Estado (DocDigital); y una la red de interoperabilidad para los órganos de la administración pública (PISEE).

Esa misma complejidad y ambición aconsejan moderar las expectativas, ya que el Estado falla en otras áreas “tradicionales” donde debería ser experto, dada su experiencia de décadas en gestionarlas, como salud, educación o seguridad. Si es necesaria una modernización del Estado en ámbitos como el gobierno digital, lo es aun más en otras funciones más prioritarias.

Por otro lado, parecería incongruente tener un Estado de gran sofisticación digital sin una población similarmente sofisticada en términos de alfabetización digital. Tal como la tecnología que ofrecen las Fintech promueve mejor la inclusión financiera en un contexto de mejor educación financiera, también los beneficios del gobierno digital llegarán mejor a una población digitalmente educada. Esta es una dimensión donde hay mucho por hacer, sobre todo considerando los enormes déficits y retos que enfrenta la educación en general.

Por último, un Estado más digitalizado como el que se ambiciona -y en general, una sociedad más digitalizada- necesitará de un énfasis y una inversión en ciberseguridad (así como en educar, legislar y regular sobre ciberseguridad) mucho mayores de lo que se ha visto hasta ahora, tanto en el ámbito público como el privado. El acelerado avance del ciberdelito en los últimos años -una amenaza creciente- entrega suficientes prevenciones al respecto.